Costa Rica debe cumplir con medidas cautelares dictadas por la CCJ

Para Herdocia, la prueba más evidente de ese planteamiento correcto es que la Corte atendiendo el pedido de esas organizaciones ha emitido una medida cautelar que es de obligatorio cumplimiento e implica el mandato para Costa Rica de suspender la construcción de la carretera, “es decir, ya hay una decisión judicial por parte de la CCJ”.

Según el especialista el juicio continúa en cuanto a los asuntos de fondo, para lo cual la Corte también fijó un nuevo plazo para la presentación de pruebas, el cual inicia el 17 de febrero y vence en 30 días.

“Ahí las organizaciones ambientalistas que han planteado el caso presentarán documentos  avalados por especialistas, expertos, peritos, conocedores del tema para mostrar como la construcción de la carretera está ocasionando un daño transfronterizo sensible y en algunos casos muy grave”.

Sin embargo, Herdocia precisó que lo fundamental de la demanda de las organizaciones ambientalistas es que en sus considerando apelan a las violaciones que se producen a los instrumentos jurídicos comunitarios establecidos en el Sistema de la Integración Centroamericana.

Entre estos documentos se destacan el convenio creador de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) las convenciones sobre biodiversidad, sobre cambio climático, protección de plantaciones  forestales, el convenio binacional que es incorporado a la dimensión regional del sistema internacional de áreas protegidas en la zona del Río San Juan, el corredor biológico mesoamericano, la alianza para el desarrollo sostenible de Centroamérica, entre otros.

Al finalizar el nuevo plazo para la presentación de pruebas, es de esperarse –indicó Herdocia- que la Corte llame a audiencias orales y esta se efectúen en un periodo muy corto “y que podamos tener un fallo de la CCJ a finales del mes de marzo o principios de abril”.

Nicaragua presentará memoria ante la CIJ el 19 de diciembre

Por otro lado Herdocia se refirió a la demanda entablada en la Corte Internacional de Justicia, por el Gobierno de Nicaragua en contra de Costa Rica.

El especialista recordó que en esta demanda Nicaragua ha solicitado a la Corte el  restablecimiento del Status Quo antes, “quiere decir  la situación que existía antes de la construcción de esta carretera para devolverle y reivindicar  los derechos de Nicaragua en esa zona”.

Según Herdocia, la Corte ha mandando a Nicaragua que presente su memoria  lo cual estará haciendo el 19 de diciembre de este año y ha mandado  a Costa Rica que presente su contra-memoria lo cual hará el 19 de diciembre del año 2013.

El especialista valoró que el juicio que está avanzando de manera acelerada es el que se ventila en la Corte Centroamericana de Justicia.   

“En donde ya Nicaragua tiene a su favor una medida cautelar que manda a suspender las obras de  construcción por la afectación al Rio San Juan  y donde se va a tener una sentencia sobre el fondo en las próximas semanas”.

El experto explicó que un fallo de la CCJ es una sentencia emitida por un tribunal internacional legítimamente constituido que en este caso  goza de la reputación extraordinaria de ser el sucesor inmediato  del primer tribunal de justicia en el mundo que es la Corte de Cartago creada en 1906.

Herdocia precisó que la corte de Cartago sirvió de base y fundamento  para la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional  en los años 20 y para la creación de la actual Corte Internacional de Justicia (CIJ) la cual tiene su sede en La Haya, Holanda.

“La CCJ es sucesora de la Corte de Justicia Centroamericana o Corte de Cartago que dieron lugar a ese gran salto de la humanidad  que fue la constitución de las grandes cortes de justicia universales” afirmó.

Finalmente el especialista consideró que ante el riesgo que significa una afectación más grave, profunda y extendida sobre el río por la construcción de la carretera, “las acciones que debe tomar el Gobierno de Costa Rica deben  estar orientadas a cumplir con el fallo con la medida cautelar  dictada por la CCJ en el sentido de detener las obras de trabajo  y establecer un plan inmediato para aliviar, para amortiguar los daños causados y prevenir los que se puedan suceder”.

Indicó que ante una posible visita de Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, a la zona en conflicto, va a ser evidente para la propia misión que acompañe a la mandataria el enorme daño ya ocasionado.

Además comentó que en decretos de Costa Rica fechados en los años 30 se establece que esa zona es un área y reserva natural de Costa Rica privilegiada y que hay una zona de dos mil metros entre la  frontera que no puede ser utilizada para fines distintos que  no sean los de la conservación.