La nueva ley de asociación público-privada que camina en el congreso de Nicaragua permitirá movilizar mayores recursos para el desarrollo de infraestructura y servicios de naturaleza pública.
La ley es un instrumento más que fortalece el modelo de alianzas impulsado por el Gobierno Sandinista y es abierta tanto para inversionistas nacionales como extranjero.
El Presidente del Banco Central, Compañero Ovidio Reyes, recordó que esta es una iniciativa que ha sido promovida por organismos internacionales, principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes a su vez han identificado inversionistas que estarían promoviendo su participación.
"No nos queda la menor duda de que una vez establecida esta ley, van a aparecer nuevos intereses de parte de los privados en proyectos específicos que podrían estar formulando y que no los han ofrecido porque no hay un marco jurídico en la actualidad, hasta ahora", comentó Reyes.
El Presidente del BCN, destacó que iniciativas como estas puestas en marcha en otros países han dado resultados positivos, por lo que se han tratado de recopilar estas experiencias.
Asimismo, explicó que se ha tratado de establecer un marco jurídico para que los inversionistas privados quieran participar de proyectos de infraestructura y servicios públicos, lo hagan de manera segura, con la garantía de ver retribuidas sus inversiones gracias a un sistema que dispondrá tarifas y subvenciones.
De acuerdo a Reyes se contempla además la participación misma del Estado como parte del proyecto y su rentabilidad. "Incluso hasta de hacerse del patrimonio del proyecto al final de su vida útil, pero todo dentro de un contrato que garantice que el inversionista va a poder ver retribuida su inversión", puntualizó.
Asimismo, el proyecto de ley contempla aquellos derechos y deberes de los inversionistas y el marco regulatorio, coordinado por el Ministeriod de Hacienda y Crédito Público.
Resta presión al sector público
En este orden, precisó que esta será una herramineta que permitirá aliviar un poco la carga del sector público en cuanto a la ejecución de proyectos prioritarios.
"Le quita presión en el sentido que, carretera que nosotros tengamos de la lista de proyectos necesarios, lo invertiría o la plata sería suministrada por el sector privado, al igual que el mantenimiento en la previsión de esos servidios", comentó.
Amplia gama de proyectos
Con la ley, se abre una amplia gama de proyectos que pueden ser aprovechados por el sector privado, como el desarrollo de puertos, aeropuertos, centros cívicos y hasta cárceles.
Ejemplos importantes resultan de la implementación de cobros de peajes en carreteras, tarifas en aeropuertos, proyectos ferroviarios y instalación de infraestructura pública.
"El país en la medida que va avanzando en su desarrollo y su cremcimiento, va demandando de la necesidad de abaratar los costos de las personas y de aumentar la eficiencia de los servicios. Entoces con este proyecto de ley lo que veríamos nosotros es a un sector privado también participando en la provisión de estos servicios", afirmó Reyes.
Por su parte Michael Healy, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), afirmó que permitirá un mayor desarrollo de la actividad productiva, permitiendo la ampliación de vías y desarrollo de investigación de laboratirio.
"Esta ley lo que nos va a permitir son varias cosas; primero que todo que la empresa privada comience a invertir en carreteras, caminos, infraestructura, que es necesario para el sector productivo y todos los sectores para poder sacar sus cosechas y exportar sus materiales”, añadió.
Se refirió al eventual desarrollo de del puerto en el Atlántico, donde la producción debe asumir mayores costos debido a esta limitante.
“La exportación de Nicaragua es castigada 1200, 1300 dólares por furgón, por no tener puerto en el Atlántico. Esta ley público-privado, vendría a aliviar esto y a agilizar la construcción de un puerto en el Atlántico que lo necesitamos”, valoró Healy.
Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcció, aseguró a su vez, que la cantidad de proyectos a desarrollarse es incontable, a pesar de que los resultados no serían efectivos a corto plazo.
“Consideramos que es una ley importante para Nicaragua, sobre todo para el desarrollo de la infraestructura en el país ya que hay muchos proyectos que el sector privado o inversionistas extranjeros privados pudieran invertir en el país”, dijo.
Sumado a la importancia en el desarrollo principalmente de infraestructura y mejora en la calidad de los servicios, la inversión generaría mayores divisas al país y fuentes empleo que en el país ha venido creciendo de manera acelerada y constante los últimos años.
