Finalmente, se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva. Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente y no podrá presentarse a nuevas elecciones presidenciales hasta dentro de ocho años.

La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.

En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y prosigue la votación sobre la prohibición de ejercer cargos públicos en los próximo años.

Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.

Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.