Armar y entrenar a 500 pandilleros para crear “grupos elites” similares a grupos de sicarios, compra de armamento de guerra, entre los cuales sirvan para derribar helicópteros, atentados selectivos y simultáneos, son parte de las acciones terroristas que contemplaba un plan de desestabilización económica y de seguridad pública que elaboró la mara Salvatrucha (MS) para contrarrestar los efectos de las medidas extraordinarias que comenzaron a ser implementadas el 28 de marzo pasado por el Gobierno para frenar los altos índices de homicidios causados por las pandillas, según información recabada a través de las escuchas telefónicas a los cabecillas de esa agrupación ilegal.

De acuerdo al requerimiento presentado por la Fiscalía General en contra de 78 personas acusadas de integrar la red financiera de la MS, los cabecillas que gozan de libertad se reunieron en abril pasado en un rancho de Apulo, Ilopango, para analizar los efectos que estaban teniendo las medidas excepcionales del Gobierno en los cabecillas que están recluidos en el sistema penitenciaria.

Viajes de la pandilla a otros países para comprar armas

Entre los cabecillas que participaron de esa reunión se destaca Marvin Adaly Quintanilla Ramos, Leonel Alexander González Leonardo, Pedro Benjamín Rivas Zelaya y Juan Antonio Martínez Ábrego, entre otros.

Las medidas que impulsa el Gobierno, desde el 28 de marzo pasado, en el sistema penitenciario comprendieron el traslado de los jefes de la referida pandilla a penales con regímenes de mayor seguridad, el bloqueo de la señal telefónica en los alrededores de los reclusorios, la restricción de las visitas familiares y conyugales, entre otras medidas.

La información recabada por la Fiscalía General a través de las intervenciones telefónicas detalla que éstos cabecillas decidieron reducir las cifras de los homicidios, creyendo que así, el Gobierno iba a ceder y por lo consiguiente suspender las medidas.

Para ello, los jefes de la MS acordaron que anunciarían junto a los cabecillas de la 18, la reducción de homicidios.

En contraste a lo anterior, los cabecillas de la MS en libertad elaboraron un plan de desestabilización del Gobierno que ellos llamaron “proyecto de la mara” con el que pretendían armar y entrenar a no menos de 500 pandilleros a nivel nacional para formar lo que ellos denominaron “grupos elites” que les permitiera aumentar sus acciones terroristas, ya sean individuales o colectivas, pero que tenían que causar un gran impacto al “sistema”.

La Fiscalía señala a Quintanilla Ramos como uno de los principales gestores del plan “proyecto de la mara” que comprendía planes terroristas implementados por la MS en el país.

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Estos grupos serían una especie de grupos de sicarios con el propósito de atacar y tomar territorios en donde no permitirán el ingreso de policías ni soldados. El período de entrenamiento que recibirían los pandilleros iba a depender del rumbo que tomarían las acciones del Gobierno, según las comunicaciones intervenidas.

Para equipar a los pandilleros, los cabecillas acordaron además comprar armas de grueso calibre, incluso habían contemplado la adquisición de armamento que les sirviera para derribar “mosquitos” (helicópteros).

El armamento que se pretendía adquirir iba a ser distribuido entre los distintos grupos de pandillas, que esas agrupaciones denominan como clicas, para repeler y realizar ataques planificados.

El armamento sería adquirido en Guatemala o México a precios que oscilaban entre 2,000 y 3,000 dólares cada una. Para la compra de este armamento, munición y uniformes tipo comandos habían previsto obtener un millón de dólares, que saldría de las extorsiones, pero hasta el 11 de abril pasado habían obtenido 600,852 dólares, según conversación telefónica entre dos pandilleros.

Dentro de las intervenciones telefónicas, se conoció que la MS había comprado 48 fusiles, seis granadas, dos lanzacohetes low, 20 chalecos antibalas que serían distribuidos entre los cabecillas.

Estas armas fueron compradas en Guatemala y Honduras a través de cabecillas de pandillas de esos países, y los introdujeron por pasos ciegos fronterizos, de acuerdo a la información mencionada en el requerimiento fiscal.

Además se mandó a elaborar 120 uniformes (sin especificar de qué tipo), 40 arnés porta cargadores, 40 cinturones, 40 cinchos porta fusil, 40 gorros pasamontañas y 40 pierneras para pistolas.

Además hubo entrenamiento en el uso de armas de fuego que se realizó en la zona norte del departamento de La Libertad.

También tenían planificado atentar contra policías, militares, fiscales, jueces, diputados y empresarios (como los del Sitrams) con el propósito de desestabilizar al Gobierno en la parte económica y la seguridad pública.

Otro de los planes terroristas que se pudo descifrar a través de las intervenciones telefónicas comprendía “atentar contra la población en general, y en especial, sacar de los territorios controlados a los simpatizantes de los partidos políticos, y una acción con la que pretendían hacer historia a nivel mundial”, pero que no la mencionan en las conversaciones.

A raíz de las intervenciones telefónicas a cabecillas de la MS en libertad, las autoridades policiales interceptaron una camioneta, el 27 de junio pasado, en el vehículo viajaban dos pandilleros en la carretera Panamericana, en el desvío a San Martín en la que encontraron una carta donde se confirmaba los atentados a funcionarios, empresarios, la compra de armas, el entrenamiento militar al que habrían sido sometido los pandilleros.

También hacen una valoración de la forma de como pueden desestabilizar financieramente al Gobierno como paros al transporte colectivo, paros al transporte de carga en las fronteras, obligar a parar las labores en las fábricas textiles y comestibles; así como las gasolineras.

Según el requerimiento fiscal, otra de las formas de desestabilización económica contra el Gobierno que había contemplado la pandilla MS era incrementar los asesinatos de policías, ya que según sus cálculos, por cada entierro de policía, el Estado gasta de 2,000 a 3,000 dólares más el pago del seguro que lo valoran entre 20,000 y 25,000 dólares.

Se plantearon que si se le exigiera a cada uno de los 249 grupos de la MS que cometiera un asesinato de policía a diario “significaría un alto costo al Gobierno”.

También contemplaban muertes colectivas, atacando retenes policiales, puestos de la Policía en pueblos y cantones para quitarles las armas y quemarles los carros patrullas, entre otras acciones terroristas.

La petición de indulto para los pandilleros encarcelados que sufren de enfermedades terminales era otra de las pretensiones de la MS. A lo anterior se le sumarían el incremento de hechos delictivos como robos, secuestros, sicariatos para hacer “crecer la economía de la pandilla”.

Otras de las acciones que tenían planificadas realizar como parte de las presiones al Gobierno, eran realizar manifestaciones callejeras acompañados de familiares, amigos y personal de Derechos Humanos para denunciar supuestos maltratos que pandilleros habrían sido víctimas en las cárceles.