El juez VII del Distrito Penal, Octavio Rotschuch, sentenció a 22 años de cárcel a Álvaro Montealegre; 24 años a Roberto Bendaña (prófugo); y 8 años y seis meses para Hugo Paguaga, tras haberlos declarado culpables por los delitos de estafa agravada, crimen organizado, ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y quebrantamiento de condena (en el caso de Paguaga).

Además, el judicial ordenó decomisar diversas propiedades pertenecientes a Alvaro Montealegre y sus socios, con lo que será devuelto a las víctimas el dinero adquirido ilícitamente, más 7% de intereses por un año y, por un segundo año, si el producto de la ejecución de los bienes fueran suficientes.

El judicial consideró en base a lo actuado en el proceso, que la conducta de los condenados se subsume dentro de los tipos penales señalados.

“Lo más importante es que el Ministerio Público en este caso siempre creyó en la justicia y también las víctimas que han estado en todo momento de este juicio es el resarcimiento económico, aunque indiscutiblemente el daño es irreparable, no solamente el patrimonio del cual estas personas fueron despojados sino también del perjuicio que ocasionó esa pérdida de su patrimonio”, manifestó Grethel Fernández, Fiscal Auxiliar de Managua.

Las víctimas que son en su mayoría de la tercera edad, manifestaron diversos padecimientos y dolencias físicos y psicológicos, tras haber perdido su patrimonio con engaños, conseguido con el duro esfuerzo de toda una vida.

“Ha hecho justicia a este grupo de ancianos que estuvimos aquí demandando justicia y aquí está la justicia. Realmente yo pienso que el juez ha actuado con mucha ecuanimidad, es un hombre muy talentoso y muy justo, por lo tanto nosotros el grupo de ancianos que fuimos despojados de nuestros recursos”, dijo por su parte Don Julio César Sánchez, una de las víctimas de la tripleta.

Asimismo, Don José Adán Rodríguez Alanís, aseguró que se siente respaldado por la justicia nicaragüense que en todo momento estuvo presta a escuchar de la injusticia de la que fueron sujetos.

“Nosotros tuvimos confianza en ellos (Montealegre y compañía) conocía personalmente a dos de ellos y al otro tercero por referencia y confiadamente, era una empresa confiable y después fue una situación cuando ya me di cuenta qué clase de personas eran y peor después cuando me di cuenta que todo esto había sido fríamente calculado, resaltó.

La sentencia considera que los títulos entregados a las víctimas no corresponden a los admitidos en Nicaragua según la legislación nacional y se entienden como simples depósitos de clientes y no como inversiones de inversionistas.

La autoridad judicial concluyó que la sociedad a través de la que actuaban los procesados es de naturaleza fantasma, que operaba en Nicaragua para captar recursos valiéndose de la confianza de las víctimas en el nombre y las relaciones familiares de los autores.

Montealegre y sus asociados engañaron a sus víctimas haciéndoles creer que la sociedad que conformaban estaba registrada en Panamá, con facultades de operar en Nicaragua, por lo que incurrían en menores costos y de esta manera podían ofrecer mejores márgenes de ganancia.