El diputado del PLI, Pablo José Ortez, confesó haber derribado 71 árboles de pino de su finca sin contar con la autorización ambiental y por tanto aceptó haber causado daños en el ecosistema del departamento de Nueva Segovia.

Ante tal situación, a Ortez no le quedó más remedió que solicitar el retiro de su inmunidad para enfrentar el proceso que interpuso el Ministerio Publico por la autoría del delito de corte, aprovechamiento y veda forestal, en concurso con el delito de tala en vertientes y pendientes en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales del Estado de Nicaragua.

El diputado depredador del medio ambiente, presentó ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, un escrito donde solicita el retiro del fuero legislativo, para poder ser procesado por los delitos antes citados.

Ortez no llegó solo, se hizo acompañar de otros legisladores del PLI, como Pedro Joaquín Chamorro, Alberto Lacayo y otros que defienden la actitud depredadora y de odio contra el medio ambiente cometida por el legislador norteño, que manifestó que cortó 71 árboles gigantescos de pino para ampliar su siembra de café.

El problema es que Ortez hizo la tala indiscriminada en un periodo de veda forestal, en época que las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales tenían prohibido el corte y/o tala de árboles, pero poco le importó al legislador tal prohibición y derribó los 71 hermosos pinos.

En horas de la mañana de este miércoles, se instaló la Comisión Especial para estudiar la solicitud de retiro de inmunidad a Ortez, misma que fue hecha por la Juez de Distrito Penal de Audiencias de Nueva Segovia.

La presidenta de la comisión, la diputada sandinista Iris Montenegro declaró que se iba a citar a Ortez para que explicara la situación, pero ahora que el acusado aceptó el delito y solicitó formalmente el retiro del fuero especial, le toca emitir un informe sobre tal situación y será el plenario que decidirá en una votación.

“Hoy hemos conocido de la denuncia que se le hace al diputado por el delito de tala de árboles en un área protegida, de manera que es un delito ambiental que afecta de manera significativa al Estado de Nicaragua y en correspondencia a esto se ha solicitado la desaforación de Ortez, una vez que se le comunique del proceso, tendremos 20 días para que se establezca el proceso de prueba de lo que se está señalando” manifestó Montenegro, en horas de la mañana.