Durante la continuidad del proceso judicial en contra de Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y el prófugo Roberto Bendaña, se pudo determinar este jueves que las principales víctimas y blancos perfectos de la empresa fantasma que estos manejaban mafiosamente, eran las monjitas, jubilados y enfermos crónicos, a quienes estafaron con ardid y engaño.

En el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Audiencias, el Ministerio Público acusó a Montealegre y compañía, por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y estafa agravada por un monto aproximado de 5 millones de dólares en perjuicio de 16 personas, todas de la tercera edad (adultos mayores).

Monjitas, jubilados y enfermos crónicos eran el blanco perfecto de Álvaro Montealegre y compañía

El doctor, Octavio Rothschuh, Juez Séptimo Penal de Juicio de Managua, fue quien retomó el caso en una audiencia especial en el Complejo Judicial Central de Managua.

Aunque Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga pagaron lo estafado a las hermanas de la congregación religiosa Santa Teresa de Jesús, el Ministerio Público continuó este jueves con el proceso, y de esta forma buscar la manera de resarcir los daños contra el patrimonio económico de las otras víctimas.

Monjitas, jubilados y enfermos crónicos eran el blanco perfecto de Álvaro Montealegre y compañía

La abogada defensora de la Fiscalía General de la República, Grethel Fernández, indicó durante este juicio, que se está acusando a Montealegre, Paguaga y Bendaña, por ofrecimiento fraudulento de efectos de créditos.

Explicó que también se les acusa por el delito de Crimen Organizado, tomando en cuenta que estas tres personas, constituyeron una sociedad y una compañía denominada ‘Investment Financial Services, Inc’, el 12 de junio de 2009.

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También se les acusa por crimen organizado

El objetivo de esta estructura, debidamente organizada, era captar dinero, depósitos, o intermediar fondos; haciéndoles creer a los clientes, que eran una empresa sólida, de reconocido prestigio y estabilidad financiera.

“Además los engañaron, diciéndoles que sus depósitos estarían respaldados en certificados de inversión; con tasas muy competitivas, superiores a las del sistema financiero nacional e internacional”, expuso la fiscal Fernández, quien además agregó que Montealegre y compañía, no contaban con autorización de la Superintendencia de Bancos para operar en Nicaragua.

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Por tanto, las operaciones que realizaron con las 16 víctimas, en esta causa, son ilegales; y le daban la apariencia de legalidad.

Los afectados, dispusieron de su patrimonio económico de toda una vida; eran personas en su mayoría jubilados (personas de la tercera edad).

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“Permanecieron con el dinero de las víctimas por más de un año, con un interés de 7.5%; 8.5%; 6.5%, y variantes. Ante esto, las víctimas llegan a un momento, cuando no comienzan a percibir los intereses que habían sido prometidos, a hacer reclamos. Se dieron falsas promesas, excusas, hasta llegar a la apropiación”, detalló Fernández.

En este mismo juicio oral y público, el Ministerio Público, también acusó a Roberto Bendaña, quien se fugó del país el pasado 28 de diciembre de 2013, cayendo en rebeldía ante el sistema judicial nicaragüense.

La primera resolución que tomó el juez Rothschuh esta mañana, fue nombrar a la doctora Regina Thomsom, del Ministerio Público, como abogada defensora de Roberto Bendaña, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

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“Un cappuccino le costó 65 mil dólares a mi mamá”

Durante el juicio oral y público, se presentó a testificar la doctora Juana Roxana Alonso, quien aseguró que su mamá, la señora, Petrona del Carmen Ordeñana, de 74 años, se encuentra ahora muy enferma, postrada en una cama, tras ser estafada por Montealegre, Paguaga y Bendaña.

Roxana, explicó que ‘estos señores’ (Montealegre y compañía), le dijeron que la empresa ‘Investment Financial Services, Inc’, contaba con todo el respaldo de las reservas de oro de los Estados Unidos y también el respaldo de los bancos en Panamá; y que la tasa de interés que le darían sería de 7,50%.

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“Cuando llegué a Invercasa con mi mamá, hasta nos atendieron con meseros, dándonos cappuccino. Un cappuccino le costó 65 mil dólares a mi mamá, porque ese fue el monto que se metió en el certificado de depósito a plazos”, dijo indignada Roxana, ante el Juez Séptimo de Distrito Penal.

El jubilado Danilo Rafael Espinoza, de 68 años y profesión economista, fue una de las 16 víctimas de Montealegre y compañía. Durante este juicio oral, compareció y explicó que Hugo Paguaga fue quien, en 2010, le ofreció algunos certificados a una tasa de intereses superiores a las que estaban en el mercado financiero en ese momento.

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“Recuerdo que fui a Invercasa, donde quedaban las oficinas de estos señores, cuando (Paguaga) me mencionó sobre su empresa, y me dijo que es una empresa estructurada y registrada en Panamá, pero que estaba organizada y operando en Managua. Yo le expliqué que tenía mis ahorros, y él me ofreció estos certificados de inversión”, detalló.

La fiscalía y la defensa de las víctimas, demostraron en este proceso, que no solo hubo lesión en el patrimonio económico de las víctimas, sino que también hubo un daño colateral que implica lesiones a la integridad física y psíquica, partiendo que muchas de las personas afectadas, son adultos mayores, y el dinero estafado constituye el ahorro y trabajo de toda una vida.