Este jueves, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló un taller en el cual se presentó la evaluación intermedia de la Política de Genero del Poder Judicial, misma que fuera elaborada en 2010 y aprobada por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, a fin de determinar sus efectos en el quehacer de la institución, referida a la función jurisdiccional.

La capacitación de los funcionarios judiciales, la especialización, la creación de protocolos y leyes dirigidas a evitar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres son los elementos que más destacan como resultado de la aplicación de dicha política, según lo expresó la presidenta de ese poder del Estado, Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas.

“Nos hemos comprometido a impulsar su aplicación, pero como es una política de igualdad de género, lo principal de ella va enfocada a eliminar la desigualdad y la discriminación contra mujeres, niños y adolescentes”, indicó Ramos.

La magistrada destacó la aplicación de la Ley 779, que en sí misma es una acción positiva para evitar la discriminación o que promueve la discriminación positiva, lo que se encamina a una política de género a nivel nacional.

“Las convenciones que nosotros hemos suscrito nos recomiendan impulsar acciones de discriminación positiva o afirmativas, acciones que los estados se comprometen a impulsar para ir eliminando esa desigualdad y esa discriminación paralelamente”, añadió.