El nuevo acuerdo de Unasur constituyó, de hecho, una confirmación de las múltiples denuncias realizadas por organizaciones sociales de todo el país concentradas en el Foro Social Paraguay Resiste que sesiona desde este martes en Asunción.
En ese marco surgieron planteamientos sobre despidos masivos de partidarios de Lugo en diversos centros de trabajo, amenaza de cierre de la televisión pública, desalojos de campesinos sin tierras e incluso acuerdos con entes multinacionales para la entrega de riquezas nacionales.
Además, desde el punto de vista político, constituyo un duro revés a la mencionada esperanza acariciada por el Ejecutivo de alcanzar, con la ayuda de Estados Unidos, una resolución en la próxima reunión de la OEA que justifique el juicio que sacó a Lugo de su cargo.
La cancillería y el propio Franco manifestaron la seguridad de que, en la cita del próximo 22 de agosto, se aprobaría el informe sobre la situación paraguaya preparado por el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, justificativo del llamado golpe de Estado parlamentario.
Sin embargo, el presidente de Unasur, el peruano Salomón Lerner, fue claro al señalar que la ratificación de las sanciones anula cualquier posibilidad de un consenso favorable a Asunción en la próxima reunión de OEA, a pesar del interés de Washington en ese sentido.
Igual criterio fue adelantado por Marco Aurelio García, asesor especial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Brasil, quien negó toda posibilidad de reconocimiento del gobierno de Franco en el seno de la entidad regional.
Así las cosas, todo apunta a la continuación del aislamiento del gobierno paraguayo, como una constante mientras no haya una recomposición del proceso democrático interrumpido en la nación guaraní.
