El jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio Cesar Avilés Castillo, tras participar en el proceso de consultas de la Ley de Seguridad Soberana, señaló que la institución respalda cada parte de la misma, porque viene a fortalecer, tanto los enunciados principales de la Constitución Política y el mismo sistema de seguridad del país.
Este martes en el auditorio Rubén Darío de la Asamblea Nacional, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, encabezado por Avilés, el Jefe del Estado Mayor, Mayor General Oscar Mojica y el Inspector General, Mayor General Adolfo Zepeda, participaron en los inicios del proceso de consulta de la citada ley.
Igual participaron autoridades de la Policía Nacional, la Fiscal General de la República Ana Julia Guido y representantes de diversas instituciones del Gobierno de Nicaragua, quienes brindaron sus aportes a este proceso que culminará este miércoles, según declaró el compañero Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Población, Paz y Gobernación, instancia que también forma parte de la consulta.
“Hemos respaldado plenamente en tanto que viene a fortalecer bajo un concepto, que no solamente es el cambio de nombre de la actual Ley de Seguridad Democrática, sino Ley de Seguridad Soberana en tanto que se corresponde con los enunciados principales de la Constitución Política de la República, como es la independencia, la soberanía y la autodeterminación, de tal manera que los cambios que se operan en esta nueva ley, comparado con la Ley 750, que es la Ley de Seguridad Democrática no son muchos, pero son relevantes y significativos, en tanto que se fortalece el sistema, integrando otras instancias como el SINAPRED, como el Ministerio de Gobernación, entre otros”, afirmó Avilés.
De acuerdo al alto mando militar, esta nueva ley viene a ser más integral, dado que incluye al SINAPRED que es el ente encargado de emitir las orientaciones en caso de desastres naturales.
“Hay que tomar en cuenta que así como los riesgos y amenazas evolucionan, también deben evolucionar y modernizarse las leyes de nuestro país y ese es el elemento relevante a destacar, por eso nosotros hemos respaldado ante la consulta con los honorables diputados de la Asamblea Nacional, esta iniciativa de ley enviada por el presidente”, indicó Avilés, rechazando los planteamientos que la ley tiene otros objetivos alejados de la Carta Magna.
Ante esto, Avilés destacó que en Nicaragua hay una irrestricta libertad de expresión, por tal razón hay personas que dicen lo que desean, aunque no tengan la razón jurídica, ni política.
“Si ustedes agarran (leen) la ley 750, el sistema de seguridad ya existe, solamente se están integrando el SINAPRED, se está integrando el Ministerio de Gobernación, se están integrando algunos ministerios y está la Unidad de Análisis Financieros que ya estaba en la ley creadora de la Unidad de Análisis Financieros y solo se atrae hacia acá, entonces eso es el sistema, el sistema existe y el ejército tiene un componente, que es la inteligencia, que es la Dirección de Información para la Defensa, que es la coordinadora de este sistema”, explicó Avilés.
Fiscal General: “La estabilidad social es fundamental para el desarrollo”
La Fiscal de la República Ana Julia Guido, durante el encuentro con los diputados, señaló que respalda la ley, porque considera que la seguridad es la base para que una sociedad se desarrolle, preserve su libertad y la prosperidad de sus ciudadan@s, así como garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones.
“La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas de todos los habitantes del estado nicaragüense y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de nuestra sociedad”, planteó Guido.
Agregó que Nicaragua tiene en la actualidad uno de los mejores niveles de seguridad ciudadana, lo que ha sido reconocido por diferentes organismos internacional, gracias al compromiso y fortaleza de las instituciones del estado que están involucradas y al modelo de trabajo del gobierno.
En este punto, aseguró que la Ley de Seguridad Soberana es un aporte fundamental en este esfuerzo de garantizar paz, estabilidad y seguridad en Nicaragua y que la misma viene a unir diferentes normas.
“La inclusión del Ministerio Público como parte del Consejo de Seguridad Soberana previsto en el artículo 10 de la iniciativa de ley presentada pretende fortalecer la institucionalidad democrática del país, puesto que una de las razones del éxito que Nicaragua ha alcanzado en materia de seguridad, se debe a la permanente coordinación y cooperación institucional, ya que este consejo es una instancia de coordinación como bien se define en el artículo 9 de la iniciativa”, manifestó Guido.
La seguridad del país es prioridad nacional
El diputado sandinista y coordinador de la Bancada del FSLN en la Asamblea, Edwin Castro explicó los objetivos de la iniciativa, los que se basan en la Ley 750 o Ley de Seguridad Democrática.
“Simplemente se cambia el concepto de Seguridad Democrática por Seguridad Soberana, como un concepto más incluyente, entonces cambia el nombre de ley”, indicó Castro, agregando que cabía la posibilidad de reformar la ley 750 o presentar una nueva iniciativa.
Explicó que haberse hecho una reforma, esta afectaría todos los artículos y provocaría que el concepto de la Ley 750 quedara “muy difuso”.
“Por eso se prefirió hacer una nueva ley de Seguridad Soberana. En el artículo 1 del objeto se comienzan a usar conceptos que establece nuestra Constitución Política, como el concepto de la unidad del país, en fe, familia y comunidad, la alianza de trabajadores, empresarios, productores en beneficio del país, que es un modelo ya constitucionalizado y por eso cerramos ‘así como definir funciones en el ámbito competencia y coordinación, estructura, fines, principios, instancias de coordinación, control en materia de defensa y seguridad soberana de conformidad con los principios constitucionales, intereses supremos de la nación ante cualquier riesgo, amenaza o conflicto que atente contra la seguridad soberana”, explicó Castro al referirse que entre la Ley de Seguridad Soberana y la Ley de Seguridad Democrática no existe mucha diferencia.
También resaltó que se crea un segundo artículo en la que se establece que la ley es de orden público y de interés supremo nacional, por tanto es parte de la política de defensa y seguridad democrática.
Igual explicó que la naturaleza de la ley, da respuesta de forma integral, sistematizada, eficiente y eficaz a los riesgos y amenazas, regulando las actividades del estado, la sociedad, las instituciones y autoridades encargadas de conformidad con los lineamientos, principios y fines.
“En la finalidad mantenemos prácticamente la misma de la 750, en lo único que hablamos es en concepto de seguridad de personas y familias, que es el enfoque que da la Constitución Política y cerramos el artículo con una pequeña reforma que dice ‘es responsabilidad y deber del estado a fin de garantizar a los habitantes de la República, una mejor calidad de vida, la tranquilidad, el libre disfrute de las libertades públicas, la justicia, la convivencia pacífica, la paz, el desarrollo integral de las personas como uno de los objetivos primarios del sistema democrático que se ejerce de forma directa, participativa y representativa en el marco del respeto de los derechos humanos”, explicó Castro y agregó que la ley debe respetar todo el contenido de la declaración de los derechos humanos.
Este proceso de consulta será dirigido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero también la Comisión de Población, Paz y Gobernación participará activamente.
"Esta Ley es prácticamente un casamiento del pueblo, que es el soberano, y por eso la ley desde su inicio te marca una primicia de que es el soberano el que debe tomar las decisiones. Entonces es el pueblo, son las instituciones del Estado y es deber del Estado garantizar la seguridad soberana en unidad con el Ejército, la Policía, la empresa privada, los trabajadores y el pueblo. Las instituciones vamos a garantizar la seguridad soberana de la nación", planteó el diputado Filiberto Rodríguez de la Comisión de Paz y Gobernación.
Este miércoles continuará el proceso de consultas, con la presencia de diferentes representantes del Ministerio de Economía Familiar, MARENA, SINAPRED, MINED y MAG, entre otras instituciones.
