El gobierno de Colombia insistió hoy en recurrir a trucos jurídicos para desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2012, que restituyó a Nicaragua derechos soberanos en el Mar Caribe, los cuales estaban siendo ocupados por el país sudamericano.

Precisamente ante el tribunal que emitió este fallo, inapelable y de ineludible cumplimiento, los representantes colombianos cerraron este miércoles la segunda ronda de alegatos orales ante la CIJ, pidiendo que la demanda nicaragüense sea desestimada.

El agente colombiano ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, señaló ante los jueces del alto tribunal de la ONU que existe un supuesto “vacío legal” en la demanda de Nicaragua, que exige de Colombia el cumplimiento del fallo, basado en el derecho internacional.

En la versión de Colombia, "es necesario negociar la jurisdicción de la Corte" en este caso.

El representante de Nicaragua ante la CIJ, doctor Carlos Argüello, señaló este martes que Colombia utiliza “malabarismos jurídicos y leguleyadas” para evitar aplicar el fallo de 2012.

Repasando una serie de declaraciones de altos funcionarios colombianos, incluyendo el presidente Juan Manuel Santos,
que desembocaron en la denuncia de Colombia del Pacto de Bogotá.

“El asunto de la jurisdicción radica en el llamado Pacto de Bogotá que establece los mecanismos para la resolución pacífica de controversias. Uno de los mecanismos que prevé el Pacto de Bogotá es el recurso de la Corte Internacional. Lo que sucedió es que cuando se dio la sentencia de la Corte en la que nos adjudicó esos espacios marítimos en el Caribe, que Colombia pretendía, entonces Colombia a los pocos días de esa sentencia denunció el Pacto, que era el mecanismo que teníamos para poder recurrir a la Corte, pero el Pacto contempla que la denuncia entra en vigencia en un año de plazo, es decir desde el momento que hace la denuncia hasta un año posterior el convenio del Pacto Bogotá sigue en vigencia", explicó Argüello.

"Por eso es que uno va y acepta la jurisdicción de la Corte, es decir la Corte falla y se acabó, punto, se tiene que cumplir la sentencia, no queda otro camino, pero eso es lo que hace un país civilizado que respeta las leyes", valoró.

En este sentido, Argüello afirmó sentirse confiado que la Corte determinará que efectivamente tiene jurisdicción para dirimir la controversia.