Una vez que el proyecto del Gran Canal Interoceánico sea una realidad, Nicaragua no solamente se perfilaría como una importante vía del comercio mundial, sino que también estaría incorporando a su potencial económico unas 40 mil nuevas hectáreas de tierras cultivables.

El Asesor Principal del Proyecto, Bill Wild, manifestó durante la primera consulta pública de los estudios de Impacto Social y Ambiental, que estas tierras podrán ser intercambiadas con las personas que resulten afectadas al construirse la mega obra.

“Si hay personas con tierras (en la ruta del Canal) podemos ofrecerle un intercambio de tierras. Ustedes han escuchado que vamos a crear hasta 40 mil hectáreas de áreas cultivables de primera calidad y esto es uno de los productos de las obras del Canal: la creación de obras cultivables de excelencia, y vamos a intercambiar estas tierras. Si las personas desean, pueden cambiar sus propiedades actuales por tierras nuevas”, refirió.

Viviendas con mejores condiciones

Wild expresó que la empresa HKND también está comprometida con la población afectada a entregarles viviendas con todos los servicios básicos o bien recibir una compensación por mutuo acuerdo.

“Nosotros estamos comprometidos con darles una casa mejor de la que han estado viviendo actualmente, puede ser del mismo tamaño o hasta más grande, sobre todo para las familias que están hacinadas en casas demasiado pequeñas”, señaló.

Telémaco Talavera, vocero de la comisión canalera, refirió que no habrá imposiciones de ningún tipo, sino que al contrario cada caso será abordado particularmente.

“Vamos a discutir con cada persona en base a cada condición, en base a las mejoras e inversión que tiene”, apuntó.

El caso especial de las familias indígenas

En relación a las comunidades indígenas, Talavera aseguró que con estas el sistema es algo diferente, pues la propiedad será adquirida en forma de arriendo, lo cual será discutido con toda la comunidad.

“En el caso de las comunidades indígenas ahí se discute por comunidad, es una discusión diferente. A pesar de que en términos reales solo son 25 familias (las afectadas), se discute por comunidad. (...), ahí no hay compra de propiedad sino que es un arriendo”, enfatizó el Vocero de la Comisión.