El presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, ComandanteTimoleón Jiménez o 'Timochenko', han firmado un histórico acuerdo sobre justicia transicional tras una reunión celebrada en La Habana.

Según ha expresado Santos tras la declaración conjunta de las partes, dicho acuerdo busca "el máximo de justicia posible para las víctimas y la máxima satisfacción de sus derechos" y "garantizar que los crímenes más graves cometidos en ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad". "Hemos logrado un acuerdo sobre las bases de justicia", ha expresado el presidente.

“Hemos acordado que a mas tardar en seis meses puede concluir esta negociación del acuerdo final. Faltan unos puntos difíciles, pero ya estamos finalizando una guerra de 60 años; la única y más largas en nuestro continente”, informó Santos.

“Quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las FARC-EP, hoy avanzamos en una misma dirección y en la más noble que es el de la paz. Hoy estamos asegurando que no hayan mas víctimas y que acabe el conflicto armado de Colombia”.

También indicó que se acordó “que las FARC dejarán las armas a los 60 días del acuerdo final”.

El Estado de Colombia otorgará la amnistía "más amplia posible" para los delitos políticos, pero dejará fuera de esa medida los crímenes que la legislación nacional tipifique como de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra, según un acuerdo alcanzado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En cuanto al punto de justicia y víctimas, Santos indicó que se trata de “un logro mayor" y que “la jurisdicción de la paz para los crímenes más graves no quedarán en impunidad”.

Asimismo, el jefe de Estado colombiano agradeció a “Raúl Castro y Cuba por su hospitalidad y compromiso con la paz de Colombia; al Gobierno de Noruega, que como país garante ha sido fundamental. Venezuela y Chile que han servido como países acompañantes".

“Retomo las palabras del papa Francisco, el inspirar en el camino, hacer votos para sostener los esfuerzos para una definitivas reconciliación y no permitir otro fracaso en este camino de paz. No vamos a fracasar, ha llegado la hora de la paz”, finalizó.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano firmaron este miércoles un acuerdo de justicia y víctimas en La Habana, Cuba, en el marco de las mesas de negociación para el proceso de paz.

Tras culminar la reunión privada entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el de Cuba, Raúl Castro, y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timoleón Jiménez' o 'Timochenko', los garantes de los Diálogos de Paz por Cuba y Noruega dieron a conocer los puntos del acuerdo sobre la justicia para las víctimas del conflicto.

La firma del acuerdo de justicia y víctimas cuenta con la presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el de Cuba, Raúl Castro, así como las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC-EP en los diálogos de paz.

En 2012 el Gobierno colombiano y las FARC-EP instalaron en Cuba una mesa de diálogo para poner fin al conflicto armado que ha dejado casi cinco millones de desplazados y más 600 mil muertos en aproximadamente 50 años.

Desde entonces se han alcanzado acuerdos sustanciales que podrían poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en la nación suramericana. El Gobierno de Juan Manuel Santos se ha enfocado en las garantías de seguridad y el avance hacia la tan esperada paz que demandan los colombianos.

La lógica territorial de inclusión social, la reinserción en función de las políticas anticonsumo, la lucha contra el crimen organizado y el fin de cualquier relación de rebelión entre los colombianos han sido uno de los puntos destacados en las más de 60 páginas de acuerdos discutidos en los Diálogos de Paz.

A continuación, Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.