La Comisión Presidencial integrada por la Procuraduría General de la República, Corte Suprema de  Justicia y el Ministerio Público se encuentran ampliando las investigaciones sobre la venta ilegal de tierras comunales en la Costa Caribe.

El Procurador Hernán Estrada aseguró que esta investigación se realiza con el objetivo de emitir sanciones y penalizaciones a quienes hubieran actuado en perjuicio de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

El funcionario manifestó que este gobierno emitió 23 títulos de propiedad a más de 230 comunidades autóctonas. Estas propiedades no pueden ser vendidas ni transferidas, expresó.

Recordó además que el Gobierno ha investigado estos casos desde hace varios años y sancionado a la red de funcionarios y notarios corruptos que habían actuado de manera ilegal.

Agregó además que varias de estas ventas de tierras han sido anuladas por la PGR, que emitió un comunicado sobre este tema.

A continuación, comunicado íntegro:

COMUNICADO

La Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR) informa a la Ciudadanía, que por Mandato del Presidente de la República, esta Institución ha titulado y reconocido sus Derechos Ancestrales a 23 Territorios Originarios de las Comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, así como de los Pueblos y Comunidades Étnicas de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, restituyendo y garantizándoles el Derecho de Vivir y desarrollarse bajo las formas de Organización Social que corresponden a sus Tradiciones Históricas y Culturales.

A raíz de los sucesos recientes suscitados en Waspam, Región Autónoma del Caribe Norte, y en virtud del anuncio del pasado 9 de Septiembre del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, para que se creara inmediatamente una Comisión Especial de Gobierno que trabajara y profundizara sobre los hechos acaecidos; nos dimos a la tarea al día siguiente, de reactivar dicha Comisión establecida mediante Decreto 13-2015 -de atención Interinstitucional en los Territorios Originarios Afro-descendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay- y que preside la Procuraduría General de la República; incorporando a las Instancias que dieran el acompañamiento necesario al restablecimiento del orden legal especial.

En estricto y fiel cumplimiento de ese Mandato de nuestro Presidente, esta PGR procedió ampliar las investigaciones, a efectos de reestablecer la Paz Jurídica y la Convivencia Social y hacer efectiva la judicialización de todas aquellas personas que resultaren implicadas en hechos delictivos vinculados al tráfico y ocupación de Tierras Comunales Indígenas y otros delitos conexos previstos y sancionados en el Código Penal que han sido dados a conocer; así como apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno para proteger los Recursos de los Pueblos Originarios y de la Madre Tierra y en consecuencia, junto a las Autoridades de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, poder ejercer las Medidas que en Derecho resulten pertinentes.

Managua, 22 de Septiembre, 2015