Los gobiernos municipales y particularmente las cabeceras departamentales trabajan arduamente en un proyecto que permita digitalizar y automatizar la información del Registro del Estado Civil de las Personas, de tal manera que la población pueda realizar sus trámites con mayor agilidad, calidad y eficiencia.

La compañera Giomar Irías, directora ejecutiva del INIFOM, manifestó que se trabaja en un proyecto piloto en unas 30 alcaldías, para modernizar y digitalizar el Registro Civil de las Personas. Este trabajo se irá replicando paulatinamente en los 153 municipios del país.

“Estamos avanzando, ya tenemos un pilotaje, alrededor de 30 a 35 municipalidades que han hecho un pilotaje para mejorar el Registro Civil de las Personas, queremos digitalizarlo, automatizarlo y que tengamos mejores condiciones para que la población pueda acceder a sus partidas de nacimiento de una manera más rápida, más ágil y que pueda estar el registro automatizado y en red nacional”, explicó Irías.

Este trabajo de los gobiernos locales se desarrolla precisamente a la par de la reciente aprobación en la Asamblea Nacional, de la ley de reposición y rectificación de partidas de nacimiento.

Durante un encuentro con alcaldes de todo el país, el diputado y coordinador de la bancada del FSLN Edwin Castro, realizó una breve explicación de los alcances de la ley antes citada, que permitirá a los jueces locales la emisión, reposición y rectificación de ese documento de la partida de nacimiento, potestad que anteriormente era de los jueces de distrito.

Comunidades rurales beneficiadas

Al aprobarse esta iniciativa en el parlamento, la población ya no necesitará trasladarse hasta a la cabecera departamentales, a realizar una reposición o rectificación, lo que facilitará este proceso y evitará gastos económicos a los habitantes de las zonas rurales.

La ley establece que la inscripción y libramiento de la primera emisión de la reposición o de la partida rectificada es gratuita y tendrá un período de validez de diez años, a partir de su expedición.
Esta ley tendrá vigencia hasta la entrada en vigor del Código Procesal Civil.