El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico reiteró hoy las razones que llevaron incumplir con el saldo de una deuda de 57,9 millones de dólares de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).

La presidenta del BGF, Melba Acosta, atribuyó el impago a las casas de corretaje Oppenheimer Funds y Franklin Advisers, que amenazan con recurrir a los tribunales, a la carencia de fondos porque la Asamblea Legislativa no los presupuestó. Acosta añadió, además, que la insuficiencia fiscal que experimenta el gobierno de Puerto Rico impidió disponer de flujo en efectivo que permitieran el pago total de la deuda en lugar de abonar 628 mil dólares en intereses.

La presidenta del BGF, con funciones similares a un banco central, insistió que la disposición del dinero para cumplir con el saldo de las notas de la CFP es discrecional de la Legislatura, lo que ha sido rechazado por algunos de sus miembros, como el diputado Luis Vega Ramos, del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).

Vega Ramos aseguró que debido a que la Asamblea Legislativa estaba en receso, el gobernador García Padilla pudo haber convocado a una sesión extraordinaria para evitar el impago, si ese era el propósito.

El PPD controla la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que un paso en ese sentido no hubiera tenido mayores complicaciones.

Acosta explicó que aunque algunas leyes autorizan al Ministerio de Hacienda adelantar los fondos para los pagos, "tal autoridad es claramente discrecional".

Reconoció que el gobierno es consciente de que la decisión de no tener una asignación para el pago de los bonos de CFP en el año fiscal 2016 y la determinación de Hacienda de no adelantar esos fondos "ha provocado consecuencias difíciles y dolorosas para muchos".

El gobernante Alejandro García Padilla, que preside el PPD, ha sostenido que, al incumplir, Puerto Rico no incurrió en impago, ya que no se trata de una deuda enmarcada en la obligatoriedad que impone constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

El mandatario puertorriqueño aseguró que la intención es cumplir con los acreedores pero que el gobierno tiene que escoger entre brindar servicios básicos a sus ciudadanos o cumplir con los acreedores.

El gobierno de Puerto Rico, que pidió tiempo para saldar esas obligaciones, se prepara ante la posibilidad de que, tal como han anticipado, las firmas de corretaje recurran a los tribunales a reclamar el pago de la deuda.