Los diputados aprobaron este martes 11 agosto, la propuesta de reforma parcial a la Ley 428 o Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), que permite la creación o nombramiento de dos co-directores que se encargarán de seguir promoviendo las políticas de acceso a las viviendas dignas que está construyendo el Gobierno Sandinista en todo el país.
El diputado Edwin Castro, coordinador de la Bancada Sandinista en la Asamblea Nacional, explicó que esta iniciativa fue enviada con carácter de urgencia por el Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra. La reforma contempla cambios en los artículos 1, 8 y 11 de la citada ley.
En el artículo uno se establece el cambio de la figura de Presidente Ejecutivo por la de Co-directores, todo de conformidad con el artículo 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”.
De esta manera, los Codirectores serán nombrados directamente por el Presidente de la República, quienes serán las máximas autoridades del INVUR. Uno de los cargos será de co-director general y otro co-director administrativo, quienes ejercerán la representación legal en el ámbito de su competencia.
También se conformará una Junta Directiva que estará presidida por el co-director general del INVUR, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o un delegado, el Ministro de Transporte e Infraestructura o un delegado, un representante de la Cámara de Urbanizadores, dos representantes de AMUNIC, representantes sindicales y comunales, un representante de la Administradores de Fondo de Pensiones ASOBANP
Ex directora podría aportar experiencia
Además, manifestó que la actual magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), compañera Judith Silva podría servir de asesora de la institución sin tener vinculación salarial o goce de salario, pues lo que se requiere es tener su vasta experiencia en este capo.
Castro recordó que Silva estuvo dirigiendo el INVUR durante los últimos siete años, tiempo en que demostró una gran capacidad de gestión y bastante éxito en la construcción de viviendas populares en todo el país.
La aprobada reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta, Diario Nacional.