Con el objetivo de continuar garantizando la seguridad en las vías de Nicaragua, la Policía de Tránsito realizó un seminario dirigido a 55 conductores que tienen sus licencias suspendidas.

A esos conductores se les ha aplicado la Ley 431 por incurrir en algunas de las infracciones más graves estipuladas, como la embriaguez extrema, la embriaguez con entre 1 y 2 gramos de alcohol en la sangre, conducir bajo los efectos de los estupefacientes, conducción temeraria, provocar accidentes y darse a la fuga, y violar los límites de velocidad.

Reeducando a infractores

Según el Sub Comisionado José Guevara, Director del Centro de Educación Vial, en el primer trimestre de este año se han cancelado 47 licencias y casi 500 han sido suspendidas.

Guevara indicó que la idea principal de este seminario es refrescar a los conductores todas aquellas cosas que deben de tener en cuenta al comento que se desplazan en la vía.

El jefe policial aseguró que además de las charlas, estos infractores de la ley deben realizar investigaciones alusivas a la accidentalidad. Una vez pasado todo este proceso, la institución les brinda la oportunidad de recuperar su licencia.

Consecuencias laborales y familiares

Quienes recibieron el taller dijeron haber aprendido una gran lección, pues más allá de la suspensión y de una cuantiosa multa, están las consecuencias en la vida laboral y familiar.

El joven Wilmar Bolaños explicó que al salir de un bar en estado de ebriedad fue abordado por los agentes, y que a partir de ese momento ha tenido una infinidad de dificultades.

“Son tres meses en que yo prácticamente tengo que andar viajando en bus. Mi trabajo queda súper largo y lo perdí, y ahora tengo que buscar otro”, lamentó.

Para él la lección aprendida es no volver a tomar. “De hecho renuncié totalmente al alcohol. Creo que estoy viviendo una vida diferente. Esto me ayudó a reflexionar. Creo que a veces los seres humanos aprendemos por las malas y no por las buenas”, aseguró Bolaños.

La suspensión de licencia puede tener una duración de hasta un año, sin embargo, en caso de reincidencia la Policía está facultada por ley a cancelarla definitivamente.