Sentada en su trono de la Cámara de los Lores, con las más de 3.000 joyas de la Corona Imperial del estado en la cabeza y arropada por toda la pompa que rodea a esta celebración de uno de los cuerpos legislativos más antiguos del mundo, la reina Isabel II ha leído esta mañana el discurso que contiene las prioridades legislativas del primer año del nuevo Gobierno de David Cameron. La hoja de ruta, resumida en 1.008 palabras, del primer Ejecutivo enteramente conservador al frente de Reino Unido desde hace casi 20 años.

Casi exactamente a la mitad del discurso llegó el anuncio, no por esperado menos trascendente, de la consulta que con toda probabilidad marcará los primeros dos años de legislatura. “Se introducirá una legislación temprana para proporcionar un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea antes del final de 2017”, leyó la reina.

Está previsto que el Gobierno presente mañana mismo el proyecto de ley en el Parlamento, antes de que Cameron se embarque en un viaje relámpago de dos días por cinco capitales europeas que, finalmente, pueden quedarse en cuatro. La primera parada del primer ministro iba a ser Copenhague, donde tenía previsto reunirse con su homóloga danesa Helle Thorning-Schmidt. Pero la visita se ha cancelado tras el anuncio de Thorning-Schmidt de que habrá elecciones anticipadas en su país el próximo 18 de junio.

El resto del viaje, que llevará a Cameron a La Haya, París, Varsovia y Berlín, sigue en pie. La intención del primer ministro es reunirse con todos los líderes europeos para que a nadie pillen por sorpresa sus planes de renegociación de los términos de la relación entre Reino Unido y la UE.

La gran sorpresa del discurso, aunque ya adelantada en las horas previas, fue la decisión de posponer la controvertida derogación del Human Rights Act, una legislación introducida por los laboristas en 1998 que traslada a la legislación británica la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los conservadores planean derogarla y remplazarla por una carta de derechos británica que “rompa el lazo formal entre los tribunales británicos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Los liberales-demócratas, socios de Gobierno en la anterior legislatura, impidieron a los tories seguir adelante con esta medida que obligaría a los ciudadanos a acudir directamente a Estrasburgo para denunciar violaciones de la Convención. Finalmente el Gobierno no ha incluido la medida en su discurso de la reina, limitándose a anunciar “propuestas” para una carta de derechos británica. Es decir, el Gobierno excluye por el momento la polémica legislación en sí, temeroso acaso de no poder sacarla adelante con su frágil mayoría de 12 diputados.

La segunda sorpresa vino con el anuncio de la “modernización” de las leyes de vigilancia de las comunicaciones digitales, para otorgar todavía más poderes de los previstos a la policía y los servicios secretos. Estos no incluirán solo, como estaba previsto, la potestad de rastrear la actividad en Internet y en redes sociales de los ciudadanos, sino que se permitirá la intercepción masiva del contenido de dichas comunicaciones. La ampliación de las medidas respecto a lo previsto en el programa puede obedecer a la inesperada mayoría absoluta que libera a Cameron de pactar con los liberales-demócratas, ex socios de Gobierno que se opusieron reiteradamente a la medida durante la anterior legislatura.

Entre las medidas anunciadas en el área de Interior está también la prohibición de sustancias psicoactivas hasta ahora legales, drogas de diseño que imitan los efectos de otras drogas tradicionales. Para la historia quedará ese momento en que la anciana reina, desde su trono en la Cámara de los Lores, pronunció las palabras “nueva generación de drogas psicoactivas” durante su 62º discurso de apertura del Parlamento.

Entre las 26 medidas anunciadas por la reina, hay tres bloques legislativos encaminados a profundizar en la descentralización de la Administración británica. Por un lado, el Gobierno introducirá en el parlamento “la legislación para asegurar un fuerte y duradero acuerdo constitucional” devolviendo más poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También las grandes ciudades, empezando por Manchester, tendrán más competencias siempre que decidan incorporar la figura de un alcalde electo. Y por último, anunció el también esperado cambio en el funcionamiento de la Cámara para asegurar que las decisiones que afecten a Inglaterra se puedan tomar solo con el consentimiento de la mayoría de los diputados que representen a esos territorios”. Un cambio de enorme trascendencia teniendo en cuenta que los nacionalistas escoceses son ahora la tercera fuerza en el Parlamento con 56 diputados.

En el plano económico, que ocupó la primer aprte del discurso, el Gobierno continuará con su “plan a largo plazo de proporcionar estabilidad económica y seguridad” al país. “Controlar las finanzas públicas y reducir el déficit” seguirá siendo la prioridad. Se introducirán medidas para incrementar la productividad. Y se cumplirá la promesa, realizada para presionar a los laboristas en la campaña, de prohibir por ley las subidas de impuestos durante los próximos cinco años.

Las medidas incluyen también un ataque a los sindicatos. Se colocan más obstáculos para convocar huelgas en el sector público y se introduce un cambio en la financiación, al hacer que los afiliados no paguen sus cuotas por defecto sino que deban decidir activamente pagarlas. La onda expansiva de la medida afectará al Partido Laborista, en pleno proceso de redefinición y elección de líder, cuyos principales financiadores son precisamente los sindicatos.