Doce pobladores de la provincia peruana de Islay fueron detenidos por violar el estado de emergencia establecido en esa región, informó hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez.

Precisó que los capturados bajo el control policial y militar de la provincia son acusados de realizar actos de violencia y cobrar cupos para permitir el paso en rutas bloqueadas por la huelga general iniciada en el valle del Tambo de esa provincia contra un proyecto minero.

Pérez dio el informe tras una visita a Islay junto al jefe de la policía, general Jorge Flores y señaló que la situación está controlada, mientras diversas fuentes indican que las actividades en la zona de conflicto tienden a normalizarse.

También confirmó que una necropsia estableció que un manifestante fallecido el viernes, que elevó a cuatro el número de víctimas, no murió por una pedrada como Pérez dijo inicialmente, sino por un proyectil de arma de fuego. Aseguró que el proyectil no corresponde al armamento policial por tratarse de un perdigón metálico que los uniformados no utilizan.

Por su parte, la gobernadora de la región de Arequipa, donde se encuentra Islay, Yamila Osorio, pidió moderación a las fuerzas armadas y la policía bajo el estado de emergencia y señaló que en la zona del valle del Tambo hay relativa calma.

Añadió que el tránsito en la zona se restablece paulatinamente aunque hay aun grupos que bloquean los caminos y dijo que la normalidad debe retornar en forma paulatina.

El estado de emergencia entró en vigencia ayer, tras nuevos incidentes con un muerto y en los que cientos de manifestantes atacaron, usando explosivos, según la versión oficial, la estación policial de Cocachacra, bastión de la protesta.

El proyecto Tía María de la transnacional Southern, es rechazado por la población por considerar que su impacto contaminante puede afectar la próspera agricultura de la zona, lo que la empresa y el gobierno niegan.

El proyecto se encuentra desde la semana pasada en una pausa de 60 días en los que la empresa debe hacer esfuerzos para lograr consenso social, según el gobierno, que sostiene que en las protestas hay elementos violentistas que, afirma, manipulan a la población.

Diversos sectores, inclusive empresariales, plantean que, ante las resistencias sociales al proyecto, este debe suspenderse en forma indefinida a la espera de una nueva verificación que compruebe que no afectará el agro.