Un nuevo golpe contra la corrupción en Guatemala vuelve a hacer tambalear a las instituciones públicas del país, tras conocerse la adjudicación irregular de un millonario contrato en el denominado caso IGSS-Pisa que afecta a la Sanidad Pública.

Las autoridades guatemaltecas revelaron un caso de fraude en el Seguro Social del país que afectó a varios pacientes con insuficiencia renal y por el cual se investigan siete muertes.

Después de 18 allanamientos realizados en varias zonas de la capital y en áreas cercanas, los agentes arrestaron a un total de 17 personas involucrada en la adjudicación "anómala" de un contrato de más de 116 millones de quetzales (casi 15 millones de dólares) a una empresa farmacéutica.

En septiembre de 2014, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató a la compañía Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima para que atendiera a los pacientes con insuficiencia renal.

El abogado Iván Velásquez, a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, explicó que, durante el último trimestre del año pasado, su ente tuvo conocimiento de irregularidades en la tramitación de ese contrato en el que intervenían funcionarios y personas particulares a cambio de "comisiones improcedentes".

Según las primeras investigaciones, los implicados, de los que hasta el momento hay 17 detenidos, cobraban entre el 15 y el 16 por ciento del importe final del contrato, por seleccionar a la empresa.

Entre los arrestados están el exsecretario del presidente Otto Pérez Molina (2012-2013) y director del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez; un representante de la cúpula empresarial, Max Quirín, y el presidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez.

Otto Pérez asumió su responsabilidad por haber propuesto a varios de sus funcionarios detenidos para el cargo, como el del IGSS y el del Banco de Guatemala, y reconoció que se siente "defraudado" por esa falta hacia la confianza depositada.