No importa cómo y quién aplica la estrategia. Cualquier método es válido, si consigue destruir su objetivo múltiple que son los gobiernos progresistas, revolucionarios o izquierdistas que no se someten a los designios del imperio estadounidense.

La ofensiva imperial está siendo desencadenada contra estos gobiernos progresistas a través de la “Suciedad Civil”, apoyada evidentemente por los “los mercaderes de la información en sus medios de comunicación”, para organizar, impulsar y ejecutar asonadas, protestas, revueltas, “manifestaciones populares”; secuestros de gobernantes, intentos de golpe de estado como sucedió en Venezuela, Ecuador, Bolivia o el golpe de estado practicado contra el presidente Manuel Zelaya de Honduras, acontecido el 28 de junio de 2009.

Dictadura Legislativa

La tonalidad del color del golpe de estado contra el gobierno del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio, tuvo una pequeña variante.

Fue revestido de visos de supuesta legalidad, al utilizar a unos cuantos “congresistas marionetas”, quienes usurpando funciones del poder judicial, destituyeron arbitrariamente del cargo al mandatario uruguayo, sin brindarle el derecho a defenderse de las acusaciones que le imputaban por un enfrentamiento entre policías y campesinos que dejó como resultado la muerte de 17 personas.

No obstante, el artículo 16 de la Constitución de Paraguay que establece que “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.

Otra manera de practicar la desestabilización es por un bloqueo económico que en el caso de la hermana república de Cuba, ha sido impuesto por Estados Unidos desde hace 50 años. Igual cosa le aplicó a Nicaragua en la década de los años ochenta cuando el imperio del norte también financió una guerra contrarrevolucionaria contra nuestro país para derrocar al primer gobierno sandinista.

Generosos con Enemigos del Pueblo

Ahora, la nación más poderosa del mundo emplea una forma más discreta de presiones y desestabilización contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, democráticamente electo por el pueblo de Nicaragua, al determinar que no concederá el tal Waiver o dispensa para desembolsar pinches tres millones de dólares porque según determinaron eufemísticamente, no cumple con la imposición de sus hipócritas estándares de transparencia fiscal.

Esa mísera suma que supera en cuatro veces la otorgada a los desestabilizadores de gobierno, sería destinada para asistencia militar de combate al narcotráfico, programas de salud y medio ambiente.

Es obvio que la ultraderecha retrógrada estadounidense pretende arrasar con el gobierno del presidente Ortega, sometiéndolo a chantajes y presiones económicas para que dimita de su puesto y abandone el proyecto de devolver la esperanza a los nicaragüenses, a través de la restitución de su derecho al trabajo, salud, educación, alimentación y otros beneficios que les fueron negados por las anteriores administraciones liberales.

El colmo del cinismo gringo es que castiga al pueblo de Nicaragua por su desafecto político con el gobierno del mandatario nicaragüense, al debilitar la lucha contra el narcotráfico, la preservación del medio ambiente, pero pretende deja intactos 15 millones de dólares para los enemigos del pueblo, disfrazados de Suciedad Civil, Medios de Comunicación, supuestos organismos de derechos humanos, partidos de oposición y unos cuantos payasos organizados en sopa de letras que a nadie representan.

¿Será que el gobierno estadounidense está realmente interesado en combatir el narcotráfico internacional o defender el medio ambiente?

Difícilmente se puede creer que Estados Unidos esté interesado en preservar la naturaleza o combatir el narcotráfico.

A lo mejor, el programa nicaragüense de combate al narcoactividad, podría estarle disminuyendo las jugosas ganancias que obtienen los poderosos narcotraficantes yanquis con la actividad ilícita.

No Necesitamos su Dinero

Ahora, el Waiver de la propiedad no sería necesario para nuestro país, si el gobierno de Estados Unidos acatara la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le ordenó pagar a Nicaragua 17 mil millones de dólares por los daños ocasionados por el terrorismo de estado que el gobierno de Ronald Reagan practicó contra nuestro país en la década de los ochenta, amparados en la presunta defensa de la democracia.
¡No se autodenominan respetuosos del estado de derecho, la legalidad y la democracia!.

Con esa cantidad de dinero no se requeriría del financiamiento de los organismos multilaterales, por cuanto, sería suficiente para promover y alcanzar la plena independencia económica de Nicaragua y sobraría para indemnizar por segunda vez a los sinvergüenzas vende patria y traidores gringos caitudos que han antepuesto sus mezquinos intereses a los de millones de compatriotas.

El pueblo debe cerrar filas y respaldar decidida e incondicionalmente a nuestro Presidente Daniel Ortega, para que mantenga y amplíe, aún con limitaciones si fuese necesario, el proyecto revolucionario que contienen miles de programas sociales dirigidos en beneficio del pueblo pobre.