El Procurador de los Derechos Humanos Omar Cabezas y las diferentes organizaciones citadas demandaron la destitución de la Juez Penal de Jinotega Felicia Altamirano Montenegro y la defensora pública Carolina Sevilla, quienes aparentemente se confabularon para proteger Erickson Sevilla Rodríguez, supuesto autor de los delitos señalados.

Los hechos acontecieron una tarde del primero de julio del 2010 cuando la joven sordomuda se encontraba haciendo labores domésticas en la vivienda de la señora Blanca Rodríguez, madre de Erickson y este la obligó a tener relaciones sexuales.

Producto de esa violación la joven E.S quedó embarazada y cuando nació la bebe, doña Blanca Rodríguez, con engaños, secuestró a la criatura para entregarla a personas desconocidas que desaparecieron a la menor, relató Cabezas.

El Procurador Cabezas indicó que en el juicio celebrado contra Sevilla, la judicial discriminó la condición de E.S argumentando que no podía entender las señas y sonidos que la afectada expresaba, violentando de esta manera lo dispuesto en la ley 737, ley que protege los derechos de las personas con discapacidad.

José David Zuniga, abogado de E.S, expresó que se violentó los derechos humanos de su representada, por lo que demandó la destitución de la judicial y de la defensora pública, que se hagan los trámites para lograr ubicar a la bebe de la afectada, solicitan una reunión con la Presidenta Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos y también piden una revisión del expediente donde se acusa a Sevilla por el delito de violación.

“Esta sentencia para nosotros es aberrante, nos sentimos ofendidos y por eso estamos aquí denunciando públicamente la falta de humanismo, ética y profesionalismo que han tenido la jueza y la defensora publica de Jinotega, expresó Nidia Torres, Presidenta de la Asociación Los Pipitos.

Ante la Procuraduría de los Derechos Humanos se manifestaron estas tres organizaciones que representan a las personas con discapacidad de todo el país.

“La Juez Felicia Altamirano actuó de forma discriminatoria en perjuicio de la adolescente menor de edad de nombre E.S en el proceso penal por el delito de violación agravada. No respeto el principio de igualdad de las partes, no tuteló los derechos de la persona sorda y tampoco hizo el menor esfuerzo por entender el idioma de señas”, comentó Torres.

También pidieron la intervención del Ministerio de la Familia y Policía Nacional para determinar la condición física, médica y ubicación de la menor llamada por su madre como María José.