Ambientalistas nicaragüenses y expertos en derecho internacional denunciaron que Costa Rica ha estado tomando acciones dirigidas a la construcción de un dique o una pared de concreto en la zona de Harbour Head, algo que violenta las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y pone en riesgo el sistema de humedales de esta zona en nuestro Río San Juan.

Recientemente el gobierno de Costa Rica anunció a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que personal del Área de Conservación de Tortuguero (ACTO) realizó obras para cerrar el caño en la zona en disputa, algo que contradice lo dispuesto por la CIJ, declaró el experto en Derecho Internacional y ex agente de Nicaragua ante la CIJ, Mauricio Herdocia.

De acuerdo a los especialistas, Costa Rica al realizar dichas obras en un caño en el sector de la desembocadura de nuestro Río San Juan, específicamente en Harbour Head, violentó las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que instó a ambos países a detener cualquier acción, en tanto no existiera una sentencia firme.

Sin embargo, los objetivos de Costa Rica podrían ir más allá de una supuesta reparación ambiental, pues tanto el doctor Herdocia, como el ambientalista y director del Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) Kamilo Lara y representantes de otras organizaciones, denunciaron que nuestros vecinos pretenden construir un dique de concreto, pues durante los días de Semana Santa llegó a la zona en disputa un helicóptero que realizó más de 120 vuelos; el objetivo era trasladar el material ajeno al lugar.

Situación adversa y amenazante

Lara, denunció que el gobierno costarricense con estas 120 incursiones vía helicóptero, al depositar material ajeno a la zona, violenta las normas establecidas por la Convención de Ramsar.

Lara calificó esto como una situación adversa y amenazante para la integridad de los recursos hídricos, en este caso el sistema lagunar de la bahía, pues colocaron material o sedimentos ajenos a esta zona, poniendo en peligro el ecosistema.

“Hemos visto cómo de manera premeditada y mal intencionada, en época de descanso de la Semana Santa, Costa Rica realizó más de 120 vuelos en helicóptero, transportando material ajeno a la zona. Nicaragua hizo obediencia a lo que mandató la CIJ y mandó a rellenar las aperturas con material de la misma zona”, dijo Lara.

“Estamos hablando de estructuras que sirven para el anunciado construcción de un dique, estamos hablando de la construcción, no una restauración ambiental, estamos hablando de la construcción de algo nuevo, de una construcción que no es lo que mandata la CIJ”, alertó Lara, quien anunció que visitarán en los próximos días la zona en disputa, para constatar las supuestas “obras de reparación” y los daños que sufrió el sistema lagunar.

Nicaragua acata, Costa Rica violenta medidas

Herdocia recordó que Nicaragua acató la ordenanza de la CIJ, pero también orientó a Costa Rica a abstenerse de enviar personal, sin embargo a pocas semanas que se realicen los alegatos orales, para posteriormente dictar sentencia, el gobierno costarricense desacató las medidas cautelares.

“Consideramos que las actividades (realizadas por Costa Rica) han ido más allá de las señaladas por la Corte Internacional de Justicia y se han realizado en una época, en la que nosotros debemos suponer que estaba ya satisfecha la pretensión, en el sentido de haber llenado la zanja, actividad que Nicaragua realizó a cabalidad dentro de los plazos fijados por la CIJ”, señaló Herdocia.

Manuel Madriz de la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional, indicó que Costa Rica al pretender construir un dique en el lugar, está buscando como destruir la bahía de San Juan del Norte y a impedir el paso de las aguas naturales hacia la desembocadura de Río San Juan.

Este miércoles, organizaciones de ambientalistas nicaragüenses, académicos universitarios y expertos en Derecho Internacional, firmaron un comunicado en el que rechazan las acciones realizadas de forma unilateral por el gobierno de Costa Rica.

Entre las organizaciones que firmaron el documento, se encuentra FONARE, Alerta Ambiental SOS, Fundación Amigos del Río San Juan (FUNDAR), la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), el Club de Jóvenes Ambientalistas, entre otros. Este comunicado será enviado a la OEA, a la Secretaria de Convención Ramsar, a la CIJ, la Corte Centroamericana de Justicia.

La CIJ iniciará este 15 de abril, la última etapa del litigio entre Nicaragua y Costa Rica, en relación al caso de Harbour Head y de la trocha de más de 100 kilómetros que la entonces presidente Laura Chinchilla ordenó construir a la orilla de nuestro Río San Juan, ocasionando que toneladas de sedimentos estén deteriorando progresivamente este afluente nicaragüense.

La CIJ emitió el 22 de noviembre del 2013, medidas cautelares, ordenando a Nicaragua a reparar y llenar los caños que previamente se habían abierto en una zona netamente nacional y que Costa Rica sin tener argumentos históricos, ni jurídicos quiere arrebatarnos.