Con la entrada en vigor de esta ley, también quedó oficialmente instalada la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la cual tiene un plazo de 180 días para elaborar una política de prevención de la violencia de género a nivel nacional.

Igualmente deberá crear un observatorio de seguimiento y diseñar un sistema de información estadística relacionado a la violencia contra las féminas nicaragüenses, entre otras responsabilidades.

Dicha comisión será coordinada por la titular del Ministerio de la Familia, Marcia Ramírez; y en calidad de secretaria estará la directora del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), Arlen Patricia Vargas.

Ramírez  reconoció que el tema de la violencia es sumamente complejo debido a "sus profundas raíces culturales”.

“La ley aprobada y en vigencia a partir de hoy si bien es un instrumento concreto para la sanción, pues contempla hasta el último detalle para que se haga justicia con prontitud y eficiencia. Su espíritu trasciende ese enfoque al contemplar como función esencial de la comisión que estamos instalando esta mañana, la implementación de una política que además de la sanción contemple la prevención, la atención y la protección”, afirmó.

“Los tres aspectos antes mencionados van a ser atendidos con compromiso y con responsabilidad por la comisión”, destacó Ramírez, quien señaló sin embargo que es en la prevención donde “se plantean los mayores retos”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, manifestó que ese poder del Estado está trabajando en la habilitación de los primeros 6 nuevos juzgados especializados en violencia de género, así como también en la contratación de personal auxiliar para desarrollar la actividad jurisdiccional.

“También se hace preciso obtener recursos para que el Instituto de Medicina Legal cuente con los medios adecuados para practicar  los peritajes forenses y de incrementar el número de psicólogas forenses tan necesarias para realizar los peritajes psicológicos”, destacó.

La diputada Martha Marina González, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, destacó por su parte que esta es una ley que viene a restituirle los derechos humanos a las mujeres que por años han venido sufriendo "distintas formas de violencia y que no estaban contempladas en el Código Penal”.

“A partir de hoy las mujeres que sufran violencia, que sean agredidas física, verbal o psicológicamente van a poder tener este instrumento”, manifestó.

Según el Instituto de Medina Legal en los últimos 12 años se han reportado 37 mil 531 casos de violencia. El 92% de estas atenciones ha sido mujeres, y de ellas el 84% fueron mujeres menores de 18 años.