A este proceso de consulta fueron invitados geólogos, expertos ambientalistas, alcaldes, gobiernos regionales, empresarios privados, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y representantes de todas las instituciones gubernamentales que tendrán función en este megaproyecto que vendrá a transformar la economía nicaragüense.

La diputada sandinista Jenny Martínez indicó que en el dictamen serán considerados todos los aportes que brindaron los grupos, instituciones o personas naturales o jurídicas que se presentaron a brindar sus aportes.

“En su mayoría son aportes positivos, porque ninguno manifestó estar en contra de esta ley, que es el marco jurídico del Canal Interoceánico, ninguno tuvo una opinión negativa de la iniciativa. Vamos a tomar en cuenta de las cosas que aportaron, principalmente en la preparación del personal que podría trabajar en la operación y construcción del Canal Interoceánico”, manifestó Martínez.

Empresarios proponen dejar abierta participación accionaria

El empresariado nacional “sugirió” a los diputados que conforman la Comisión de Infraestructura dejar abierta la participación accionaria de aquellos inversores que muestren interés en participar del proyecto del Gran Canal Interoceánico, algo que otros sectores consideran que no debe permitirse porque el Estado de Nicaragua debe tener la mayor cuota de acciones, por ser un tema de Soberania Nacional.

Este jueves continuó el proceso de consulta de la ley creadora de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, sesión donde participaron miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada y representantes del Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), gobiernos regionales de la Costa Caribe, entre otros.

En este encuentro, el representante del COSEP José Adán Aguerri pidió a los diputados no establecer cuotas accionarias que sean vistos como “camisa de fuerza” pues a su juicio ningún inversionista tendrá interés en participar cuando se le está ofreciendo solamente el 49 por ciento de las acciones.

“Hemos dicho que no podemos poner una cadena de fuerza, un candado”, dijo Aguerri al referirse al tema de la participación accionaria. La propuesta de ley enviada por el Presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, establece que Nicaragua debe contar con el 51 por ciento de las acciones, mientras los empresarios o naciones extranjeras que tengan interés en invertir tendrán el 49 por ciento.

Martínez considera que es un poco prematuro que el COSEP haya propuesto revisar el tema de las acciones, porque primero se requiere crear la Autoridad del Gran Canal, para que esa esta autoridad la que se encargue de hacer la negociación con la empresa encargada de construir.

“Creo que nos estamos adelantando mucho y es lógico porque todos estamos interesados que esto se haga una realidad, pero para que se haga una realidad necesitamos crear el marco jurídico, para garantizar a la autoridad salir de Nicaragua, presentar el proyecto y conseguir al inversionista que vaya a desarrollar el Canal”, mencionó Martínez.

Leonardo Torres, representante de Conimipyme, dijo que respaldan totalmente el proyecto del Gran Canal, porque su desarrollo permitirá la sostenibilidad económica del país, pero plantearon que debe haber participación de la pequeña y mediana empresa.

“Las Mipyme deben tener presencia en este proyecto y debe haber un fondo de fidecomiso para apoyar a todo el sector, desde la pre construcción, en el periodo de construcción y en el periodo de operación del Canal porque eso va implicar una movilización de recursos y gente importante que vendrá a reactivar la cadena económica del país, fundamentalmente las Mipyme”, dijo Torres.