“Lamentamos las mentiras y las medias verdades que en algunos medios de comunicación algunos integrantes del sector privado han dicho en relación a este tema. Nosotros lo que sí consideramos es que cualquier intento de debilitar la Unidad de Análisis Financiero al único que le están haciendo o pretendiendo hacer un favor es a la narcoactividad, al crimen organizado y al financiamiento al terrorismo”, alertó el titular de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez.

Este jueves el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, volvió a solicitar un veto parcial a los artículos 4 y 9 de la ley que crea la UAF, pues considera que roza con algunos preceptos constitucionales, algo que Gutiérrez, así como el diputado del PLC Wilfredo Navarro y otros sectores del país no comparten.

Gutiérrez afirmó que el Presidente de la República tiene la potestad de vetar o no vetar la enmienda, así como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la facultad de resolver lo que considere a bien, “pero desgraciadamente tenemos que lamentar toda esa sarta de mentiras y medias verdades que han venido a manipular y a poner en entre dicho la creación de una Unidad de Análisis Financiero tan necesaria para el país”.

El legislador considera como una gran mentira, que los empresarios estén afirmando que la UAF será utilizada como un instrumento de persecución política, cuando está claramente establecido en el artículo 7 de la ley creadora de Seguridad Democrática que está prohibido que la UAF sea usada para ejercer actividades de espionaje.

“Se ponen hablar de la UAF, pero no dicen que hay una ley de Seguridad Democrática que les prohíbe a la UAF expresamente hacer ese tipo de actividades, estar por ejemplo interviniendo las cartas, las comunicaciones, estar interviniendo la vida privada del ciudadano, le queda expresamente prohibido por ley en base a la ley de Seguridad Democrática a la UAF, eso no lo dicen los señores empresarios”, reaccionó Gutiérrez.

Agregó que la insistencia del empresariado por cambiar la ley, lo tiene desconcertado y por tanto se pregunta a quién quiere proteger al pedir su veto parcial.

En tanto el diputado liberal Wilfredo Navarro, considera que la actitud del COSEP no es más que un acto de “malacrianza” del sector privado al no tener en esta ocasión el respaldo del gobierno y sugirió al Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra, promulgar la ley, tal y como fue aprobada por el plenario.

“El gobierno los mal acostumbró al darles tanto gusto y ahora se han convertido en un niño malcriado que si no se hace lo que ellos dicen, arman los berrinches que están armando. Y al final de cuentas la UAF no tiene nada extraño, no tiene nada sospechoso, no tiene nada peligroso, sino que más bien va a garantizar que los banqueros no cometan más tropelías”, expresó Navarro.

Los empresarios han rechazado los artículos 4 y 9 de la ley. El artículo 4 establece que la UAF solicitará y recibirá información directamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

El artículo 9 establece como sujetos obligados, aquellas entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, entre estas; las cooperativas que manejan recursos financieros; las micro financieras supervisadas por la CONAMI; las casas de cambio de moneda extranjera; las casas de empeño y préstamos; las agencias de remesas y envío de encomiendas y los casinos.