Castro afirmó que durante todo el periodo de consulta de la Ley UAF, se analizó los detalles y planteamientos de los diversos sectores, incluyendo los aportados por la empresa privada, lo que dio como resultado un dictamen de ley que garantiza los derechos individuales de las personas.

“Analizamos con detalle los planteamientos iniciales (del empresariado), los cambios que se hicieron, es una ley garantista, no hay roces constitucionales, le pido que la lean bien, inclusive al vincularla con la Ley de Seguridad Democrática, está planteada como pilar fundamental la garantía absoluta de los derechos individuales, entonces igual en esta ley de la UAF está garantizado”, reaccionó Castro al ser requerida su opinión sobre la posición de personas vinculadas a micro financieras e instituciones bancarias.

La principal misión de la UAF es complementar el trabajo que se realiza en Nicaragua en contra de aquellas acciones que puedan estar vinculadas al lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Castro no está de acuerdo con la apreciación de estos sectores que afirman que la UAF perseguirá a personas, “eso de investigar a la persona, no es la unidad la que investiga, es la unidad a través de la Policía que siempre es la que investiga, tampoco hay roce”.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Economía, compañero Walmaro Gutiérrez afirmó que la Asamblea Nacional hizo bien en aprobar esta iniciativa destinada a evitar que nuestro sistema financiero sea un refugio para el narcotráfico y crimen organizado.

Los empresarios han mostrado sus reservas en torno a los artículos 4 y 9 de la ley. El artículo 4 establece que la UAF solicitará y recibirá información directamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Mientras el artículo 9 establece que los sujetos obligados, serán aquellas entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, entre estas; las cooperativas que manejan recursos financieros; las micro financieras supervisadas por la CONAMI; las casas de cambio de moneda extranjera; las casas de empeño y préstamos; las agencias de remesas y envío de encomiendas y los casinos.