La Comisión de Economía, Producción y Presupuesto de la Asamblea Nacional, continúa desarrollando el proceso de consulta de la iniciativa denominada Ley de Sociedades de Inversión, que pretende dar las pautas de cara a grandes inversiones o mega proyectos que ayuden a cambiar la realidad económica de Nicaragua.
La mañana de este jueves la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y la Asociaciones de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), participaron en el proceso, mismo que ha sido calificado por los primeros como una ley que llenará un vacío que existía en la legislación nicaragüense, a pesar de requerir algunas modificaciones.
“Nosotros consideramos que la Ley de Sociedades de Inversión es un vació que existía en la legislación financiera y en los mecanismos e instrumentos financieros en el país, (así que) nosotros apoyamos la Ley, estamos a nivel de un proyecto y un proceso de consulta, nosotros hemos manifestado nuestra opinión, en general apoyamos la Ley, pero si consideramos que requiere de algunas precisiones y complementarla con algunas disposiciones”, expresó Alfredo Alaniz, presidente de Asomif.
El diputado sandinista José Figueroa, vicepresidente de la Comisión, aseguró que la Ley permitirá que en Nicaragua se desarrollen un esquema de carácter mercantil a fin de atraer capital de inversionistas extranjeros y nacionales que se constituyan en una entidad especial para promover la inversión, promover la banca de inversión en proyectos estratégicos de desarrollo económico del país.
“Esta ley lo que pretende es crear el marco jurídico para establecer cómo se organizan, es decir cómo se constituyen estas sociedades financieras de inversión, el procedimiento para aprobarlas, […] estas son sociedades que van a ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en algunos aspecto son reguladas por la Ley General de Bancos, en otros aspectos por la Ley de la Superintendencia de Bancos, e incluso por el Banco Central de Nicaragua, es decir, hay un marco regulatorio que les va a regir en varios sentidos”, apuntó el legislador.
Según Figueroa, explicó que la iniciativa buscaba que establecer como capital social 300 millones de córdobas, pero en los procesos de consulta se ha venido proponiendo que sea de 800 millones de córdobas, es decir, el equivalente a 27 millones de dólares, así como el establecimiento de un mínimo de crédito de 2 millones de dólares en lugar de los 3 millones que señalaba originalmente la iniciativa.
Por su parte, el representante de Asomif indicó que esos montos son un poco elevados para a realidad del país, lo que contribuiría a excluir a las pequeñas entidades financieras.
“Nosotros consideramos que tal vez el monto de capital estimado para la creación de una sociedad de inversiones es demasiado elevado para una economía como la nicaragüense, esos montos de capital tan elevados a nuestro juicio son excluyentes y lo que nosotros necesitamos en el país es democratizar el capital y hacerlo accesible a inversionistas no tan sofisticados ni tan grandes”, comentó Alaniz.
