Gutiérrez se abstuvo de realizar comentarios sobre la petición de veto parcial que hizo el COSEP al Presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sobre los artículos 4 y 9 de la recién aprobada ley creadora de la UAF.

“Yo quisiera abstenerme de seguirme opinando sobre este tema, porque ya la Asamblea Nacional hizo lo que le correspondía: aprobar la ley. Yo no soy quién para venirle a decir al Presidente si veta o no veta, eso es una decisión del Presidente de la República. La Asamblea Nacional jugó su papel, dio resultados, aprobó una ley y ahora lo que corresponde es seguir con el proceso de formación de ley”, opinó Gutiérrez.

Agregó que la Asamblea Nacional hizo lo correcto al aprobar el dictamen, respetando el espíritu de la ley, el cual se basa en complementar el trabajo que realizan la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y el Ministerio Público en la lucha frontal contra el narcotráfico internacional y sus pretensiones de establecerse en el país.

“Ahora le corresponde al Presidente de la República o al Poder Judicial hacer lo que le corresponde. Yo creo que hay que respetar la división de Poderes y la coordinación armónica entre ellos”, matizó el legislador.

Los representantes de la empresa privada, además de hacer la petición de vetar parcialmente la UAF, también expresaron que su aprobación rompe el consenso que los empresarios han tenido durante los últimos cinco años con el Gobierno Sandinista, algo que Gutiérrez considera falso.

“Eso es totalmente falso, al menos de parte del Gobierno yo estoy seguro que la vocación y el interés de mantener el diálogo y mantener los consensos sigue plena. No podés decir que después de 53 iniciativas consensuadas, que por dos artículos de una ley se rompe todo el consenso económico, yo creo que es tremendísmo y un poco de falta de responsabilidad (afirmar eso), sigue habiendo consenso”, afirmó.

Navarro: UAF en todas partes del mundo

En iguales términos se expresó el diputado liberal Wilfredo Navarro, al asegurar que es falso que la ley sea para perseguir a la población que haga transacciones superiores a los diez mil dólares.

Navarro considera que los banqueros no están muy de acuerdo con la UAF, porque la ley viene a quitarles la función de decidir quién puede o no resultar sospechoso de operaciones ilícitas.

“Los banqueros están perdiendo un control sobre los usuarios, sobre los clientes y además se le quita la posibilidad de chantaje a los empresarios por las cantidades de dinero, esa es la realidad, pero la UAF existe en todas partes del mundo y tiene esa vinculaciones con la Policía y tiene que ver con la seguridad nacional, no es cierto todo lo que están diciendo (los empresarios)”, señaló Navarro.

La principal misión de la UAF es complementar el trabajo que se realiza en Nicaragua en contra de aquellas acciones que puedan estar vinculadas al lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Los empresarios mostraron sus reservas en torno a los artículos 4 y 9 de la ley. El artículo 4 establece que la UAF solicitará y recibirá información directamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Mientras el artículo 9 establece que los sujetos obligados, serán aquellas entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras; las cooperativas que manejan recursos financieros con sus asociados; las micro financieras supervisadas por la CONAMI; las casas de cambio de moneda extranjera; las casas de empeño y préstamos; las agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas y los casinos, salas de juegos y similares.