De acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio Judicial contra la Violencia de Género de Nicaragua, los casos de femicidios que logran ser judicializados en Nicaragua, en su gran mayoría los autores de tal delito son condenados con las penas establecidas por las leyes, lo que hace que en este tipo de crímenes no existe impunidad.

Magistradas de la Comisión de Genero de la Corte Suprema de Justicia se reunieron en una primera sesión de trabajo con los representantes del Observatorio, a fin de conocer el informe sobre el primer estudio de femicidio consumados y judicializados por el Poder Judicial entre el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del año 2013.

Son análisis de sentencias emitidas por jueces especializados de violencia del Poder Judicial, es un estudio realizado por la magistrada española Inmaculada Montalban Huerta, Presidenta de la Sección III de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada España.

La magistrada española señaló que el estudio se hizo con el objetivo de determinar cómo se está aplicando la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la forma en que está respondiendo los diferentes eslabones del sistema judicial

Principales hallazgos

En la presentación del estudio participó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos, destacando la investigación está resumida en unas cien páginas. El Observatorio de Violencia es un instrumento para hacer investigaciones.

La muestra estudiada corresponde al 60 por ciento de las sentencias, es decir 31 sentencias “y queremos aclarar en este punto que pueden haber otros casos que ingresaron en el Poder Judicial en el 2013, pero que fueron resueltos en el 2014 y esos van a ser objetos de otro estudio”.

El informe destaca que en el 90 por ciento de las sentencias establecen la culpabilidad de la persona señalada como autora “por tanto no existe impunidad”. En todos estos casos de condena se impone como pena principal la prisión, siendo la media de 16 años de cárcel, con una suma total de 260 años en las 31 sentencias.

El estudio encontró que en un 78 por ciento de los casos de femicidios con sentencia firme en el 2013, se realizaron en el ámbito privado y 22 por ciento en lo público. En un poco más de la mitad de los casos analizados, antes de ocurrir la muerte de la mujer existió antecedentes de agresión o amenazas previos, es decir la victima previamente había denunciado ante las autoridades.

De los 31 casos judicializados y con sentencia de culpabilidad, los autores del delito en su mayoría utilizaron arma blanca, seguido de armas de fuego y en tercer lugar el estrangulamiento. En el 72% de los femicidios se ejecutaron en la casa de la víctima o cerca de esta. El viernes y sábado fueron los principales días en que ocurrieron estos hechos y el 53% de los casos los femicidas tenían un rango de edad entre los 20 y 30 años, mientras el 54% de las víctimas estaban entre los 17 y 30 años.

El estudio destaca que la justicia especializada da buenos resultados, pues es más rápida y los tiempos establecidos por la ley se cumplieron.

Cabe destacar que este estudio se realizó con sentencias dictadas en el 2013, es decir aún no se establecían el reglamento a la Ley 779 que ordena crear los consejos familiares, a fin de encontrar soluciones compartidas entre todos los miembros de un hogar con el objeto de reducir los casos de violencia. Para Ramos, con la capacitación y apoyo de los consejos familiares, se puede lograr cada día la reducción de estos hechos que hacen mucho daño a las sociedades.

“Lo que estamos haciendo con este primer estudio, a como le decía desde el inicio es estudiando la respuesta al problema del femicidio”, señaló Ramos. Destacó que uno de los principales retos del sistema es poder homologar las estadísticas e indicadores que ingresan al Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Público.

La Fiscal Ana Julia Guido, destacó que este estudio es muy importante, porque brinda los parámetros que permiten conocer la respuesta que está brindando la justicia especializada y que tan importante es la capacitación en temas de prevención de violencia intrafamiliar.