Consultado por El 19 Digital, el doctor Mauricio Herdocia Sacasa recordó que Nicaragua tiene una vocación histórica que ahora se puede traducir en un proyecto viable que se desarrolle de manera complementaria al canal de Panamá y tomando en consideración como lo señala el proyecto de ley presidencial, todo el aspecto ambiental, estableciendo un régimen especial conservacionista como dice este proyecto de ley.

Destacó el jurista, que la construcción del canal por Nicaragua no es una idea antojadiza, sino que es resultado de un estudio sobre la situación del comercio internacional, dado que hoy por hoy las rutas existentes no son suficientes para cubrir la demanda comercial en el mundo.

Herdocia Sacasa, quien también es rector de la universidad American College, manifestó que la globalización, la creación de zonas de libre comercio, han generado un dinamismo tal que las necesidades han crecido exponencialmente, por lo que la construcción de un canal por Nicaragua viene a solventar un déficit a nivel internacional.

“Se requieren abrir nuevas opciones, nuevas rutas que permitan hacer frente a esa creciente demanda mundial”, destacó al tiempo que dijo que el desarrollo de ese proyecto debe ser hecho con total y absoluto respeto con la naturaleza.

Garantía de los aspectos ambientales

En ese sentido el jurista internacional recordó que el proyecto de ley del régimen jurídico del gran canal acuático interoceánico, dedica los artículos 19 al 23 a desarrollar los aspectos ambientales del mismo que deben ser protegidos, por cuanto Nicaragua es prácticamente una gran reserva mundial de biodiversidad.

Añadió Herdocia Sacasa que este elemento tiene que ser tomado en consideración a la luz de los instrumentos nacionales e internacionales, de los cuales Nicaragua forma parte y  hay  que “recordar que la construcción de un canal tiene una dimensión internacional y un régimen especial inherente a estos sistemas, que garantizan el libre tránsito de las embarcaciones sujetas únicamente al régimen jurídico pre establecido”.

Según el experto se está  hablando de derechos, de hacer valer las convenciones, sobre todo aquellas que prohíben el transporte de desechos y materiales peligrosos y también las que exigen el cumplimiento de normas de prevención y de precaución, que son pilares del  nuevo derecho ambiental contemporáneo.

Recordó el experto que hay que en países como Nicaragua y las naciones  centroamericanas, los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto no son suficientes como para tocar las causas estructurales de la pobreza, para ello se requiere de un proyecto muchísimo más ambicioso y profundo.

Enormes oportunidades

En ese sentido agregó que la construcción del canal abrirá oportunidades enormes al comercio, al turismo, y a la atracción de inversiones, generando un nuevo clima para Nicaragua en términos económicos y sociales, al tiempo que tendrá repercusión en todo los ámbitos, incluyendo el educativo.

Aseguró que las universidades tendrán que dedicar esfuerzos especiales para preparar profesionales y técnicos que puedan, no  solamente laborar en el canal como personal permanente, sino para desarrollar nuevas opciones y productos que Nicaragua pueda aprovechar como resultado de la presencia de la vía acuática en su territorio.

Destacó que la ley es clara al indicar en la exposición de motivos enviada por el Presidente Daniel Ortega, que no se ha definido al ruta del canal y que ella se determinará en base a estudios de factibilidad posteriores y recordó que hay un estudio del año 2006 que estableció varias rutas posibles, pero que a las autoridades designadas les tocará hacer una revisión y adoptar la que resulta más apropiada, con menores costos ambientales.

Aseguró que si la ruta pasara por el río San Juan, es potestad del estado de Nicaragua, en ejercicio de su soberanía, la construcción de un canal y siempre y cuando tocara al San Juan, lo  único que Nicaragua haría es oír la opinión del gobierno de Costa Rica, pero esas impresiones serán simplemente consultas y no vinculatorias es decir nada podría impedir que Nicaragua ejerza su derecho soberano a la construcción de un canal.

El experto cito que el laudo Cleveland de 1888 dice que el tratado Cañas Jerez del 15 de abril de 1858, que fija límites entre Costa Rica y Nicaragua, no da a la nación vecina derecho alguno a ser parte en las concesiones que Nicaragua otorgue para canales interoceánicos y aclara que si la construcción envuelve daños a los derechos naturales de la nación vecina,  ella podrá únicamente pedir compensación.