La “democratización” de Nicaragua, a partir de 1990, fue simple: dejar indocumentados en su propio país a los pequeños productores y, entre otras “hazañas”, quebrar un bien del Estado para después justificar su privatización. ¡Bienvenido el neoliberalismo!

Y la primera gran lección de lo que es una República se sintió con “la separación de poderes”: separar realmente al Vicepresidente, doctor Virgilio Godoy del Ejecutivo y mandar al carajo a la Unión Nacional Opositora.

Cuando se despojó al Estado de su línea aérea, Aeronica, durante el gobierno de doña Violeta Chamorro, los nicaragüenses entendieron lo que significaba “democracia” en el metálico dialecto de la élite.

Entonces nadie invocó la Constitución Política vigente desde 1987, en la cual se condensaba en 24 palabras, lo que es una República: “El pueblo ejerce la democracia decidiendo y participando libremente en la construcción del sistema económico, político y social que más conviene a sus intereses”.

¿Quién consultó al soberano sobre el rumbo que debía tomar Nicaragua, al despuntar la última década del siglo XX? Nadie. Las “decisiones” de gobierno fueron resultado de un hermético monólogo familiar, pero con una agenda importada.

Impositivos organismos internacionales desarticularon la República como tal. La derecha nativa que hoy se precia de nacionalista y defensora de la soberanía en la primera línea de combate, solo tradujo lo que se le dictaba en otro idioma.
Lo único que valía, y demasiado, era las “recomendaciones” de la metrópolis en los tiempos del neoliberalismo.

A la ciudadanía no se le participó del desmontaje de los recursos del país. El voto lo convirtieron en un cheque en blanco para propósitos oscuros en contra del espíritu de la Carta Magna.

La voz ciudadana fue menospreciada por los mismos que hoy abusan haciéndose pasar por ella.

No hubo información ni mucho menos debate sobre si era necesario o no el desmantelamiento del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, que tampoco era cualquier bien: formaba parte de la Historia y Cultura de nuestro país.

Se cortó así, de un plumazo antidemocrático, la comunicación aérea y terrestre controlada por el Estado. El discurso neoliberal consistió en satanizar los bienes públicos, y declararlos ineficientes, elefantes blancos y causantes de todas las plagas bíblicas.

Su “libertad de prensa”

La hipócrita defensa de la libertad de prensa quedó, además, “libremente expresada” con el ahogamiento económico del diario oficial del Frente Sandinista, “Barricada”, como otros medios.

El cerco a Radio Sandino y todo aquello que recordara al FSLN, más el envío a la calle de los periodistas, camarógrafos, técnicos, artistas y resto de la planilla del Canal 6, fue una demostración de que la restauración conservadora de prosapia no se andaba con frasecitas. Si sonaban muy bonitas fuera del gobierno, ya con el país bajo sus riendas, apestaban.

El gobierno “democrático” lanzó todas sus jaurías y resentimientos personales contra el periódico “El Nuevo Diario”, solo porque este luchaba por espacios de libertad ante la brutal embestida neoliberal que no toleraba una prensa libre.

Una sobreviviente de esa época triste fue “La Primerísima” y no por alguna misericordia de la derecha, sino por su capacidad de imaginación y ganas de mantener en el dial la limpia bandera de un ideal.

¿Y la Constitución?

Los artículos que disfrutaron mucho atropellándolos fueron el 5 y el 103. Si el Estado era dueño y administrador de estos bienes, Área Propiedad del Pueblo, se contaba con la Ley para salvarlos de la codicia organizada.

El 103 ordenaba, sin resquicio alguno para las piruetas leguleyescas, que “El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la Nación y cumplen una función social”.

Empero, aquellos inconstitucionales que hoy quieren dar lecciones magistrales sobre democracia y respeto a la bandera, impusieron a troche y moche su nefasto pensamiento conservador. Los intereses superiores no eran los de la nación, sino del mercado y en su fase más primitiva.

Nada para el pueblo

El afán de poner en bandeja la tajada del león a las transnacionales y la nulidad sonriente como diría Darío, de los presidentes y sus gabinetes parroquianos de turno, fue la Constitución de facto. “Estado facilitador”, decían, sumamente inspirados.

Aquellos ministros, altos funcionarios, directores y diputados, después devenidos en “defensores” de la democracia y del “imperio de la Ley”, no mostraron el mínimo respeto a la dignidad de la patria.

De esa execrable enajenación de los recursos públicos, sin una sola palabreada a la ciudadanía, no quedó nada para la población necesitada.

Se fueron aeronaves, naviera, Ferrocarril, energía y la codiciada mina de oro del aire, las telecomunicaciones, dada en venta de la manera más ruin que se conozca. Y por ese camino iba la Seguridad Social. ¡Tal era la “democracia”!

Se acabó el financiamiento y asistencia técnica a los agricultores, se clausuró el Banco Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria prácticamente fue anulado. ¡Los pequeños productores quedaron sin patria en su propio país!

Y aquí viene el gran cinismo: los gobiernos neoliberales mandaron a la basura la Constitución, y hasta las mínimas reglas del juego. Ya saben, el salvaje dios mercado no necesita de ellas, predican sus sacerdotes. Él se autorregula, aseguran, por no decir, él se manda solo. Es que en la selva del lucro nadie es culpable.

La fotografía de aquella “democracia” finisecular fue esta: “La tasa de desempleo alcanzó el 25%, y entre desempleo y subempleo, casi se rondó el 50%. Las migraciones a los Estados Unidos y Costa Rica fueron la respuesta de la población ante la pérdida de valor real de los salarios, la desocupación y la ausencia de inversión social”. (Enciclopedia de Nicaragua, Tomo II, p 222)

Así fue como “Nicaragua volvió a ser República”.