La Magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, juramentó la mañana de este jueves a catorce magistrados de tribunales de apelaciones de todas las circunscripciones del país.

La doctora Alba Luz Ramos Vanegas, señaló que la reelección es por acuerdo del consejo nacional de administración y carrera judicial que convocó a los 18 magistrados cuyo periodo vencían el 10 de enero del año 2015.

Se nombró a la comisión de evaluación conformada por los doctores Yadira Centeno, Juana Méndez, Rafael Solís y Gerardo Arce resolvieron aprobar los resultados finales del proceso de mérito y evaluación al desempeño de los magistrados reelectos, siendo estos 14 los nombrados.

A la fecha son 60 los magistrados de apelación elegidos mediante el método de evaluación y concursos.

“Desde el año 2011 hemos realizado tres evaluaciones y dos concursos para elegir magistrados, además de la creación de 18 juzgados especializados en violencia, veinte juzgados del trabajo y de la seguridad social en los diferentes departamentos”.

“Hemos estado cumpliendo con la ley de carrera judicial. Hemos venido siguiendo la pauta de profesionalizar el poder judicial y nos sentimos satisfechos de todos estos resultados”.

“Hemos iniciado capacitaciones y también instalando la escuela virtual que las vamos provechar para las capacitaciones en violencia, también estamos elaborando el nuevo programa estratégico para el poder judicial, que tiene 18 proyectos con un costo provisional de 32 millones de dólares para presentarlos a los organismos bilaterales”.

Destacó que el poder judicial en el último informe de Funide subió del 2 por ciento al 47 por ciento con respecto a la confianza de los empresarios.

“Lo importante del informe que lo hacen entre los empresarios es que del 2010 al 2014 el Poder judicial subió en confianza, siendo la distancia inmensa”.

Por su parte, David Rojas Rodríguez, reelecto magistrado, externó que “Este es un proceso que ha sido para bien, provocado por la ley de carrera judicial y su normativa, incluye un proceso en el que se ratifica la idoneidad y la capacidad de las personas que ostentan los cargos púbicos principalmente en la administración de justicia y provoca una seguridad jurídica en la sociedad y el estado”.