Según el comisionado general Francisco Díaz, segundo jefe de la institución castrense, ese concepto de trabajo explica por qué acaban de incorporar otros dos mil agentes a la gestión operativa en las calles de Managua.

La gente pide más presencia en los mercados, paradas de buses, en los alrededores escuelas y planteles universitarios, refirió el militar, a partir de reconocer las preocupaciones de las familias a cuenta de asaltos y robos con fuerza en la vía pública.

Comparativamente, recordó, Nicaragua constituye el territorio más seguro de Centroamérica; mientras en otros países de la región la tasa de homicidios en 2011 estuvo por encima de 80 por cada 100 mil habitantes, aquí la correlación fue de 12.

Por orientaciones del presidente Daniel Ortega, a inicios de este año hubo una jornada nacional de reflexión sobre los temas de seguridad ciudadana en los 153 municipios, donde la población planteó sus demandas en diálogo franco y directo, destacó Díaz.

Una vez escuchadas las opiniones, se estructuraron planes de acción para ofrecer respuestas, teniendo en cuenta que la actividad delictiva constituye un fenómeno multicausal y complejo, confirmó el experto al Canal 4 de la televisión.

La estrategia de seguridad nacional, subrayó, rebasa el ámbito policial, es un asunto de Estado y el modelo que viene consolidando el gobierno del presidente Ortega exige la integración de las distintas instituciones vinculadas a la prevención y la labor educativa.

El experto insistió en que los criterios de eficacia no pueden sustentarse en los datos estadísticos, importa más la percepción de las familias, el sentimiento de seguridad y tranquilidad entre las personas.

Díaz apreció la participación ciudadana en el enfrentamiento al delito y la transformación de patrones culturales y, en particular, la actuación de la Juventud Sandinista 19 de Julio, promoviendo actividades culturales, deportivas y la atención material a las comunidades.

En 2011, notificó, los hechos delictivos en general decrecieron 6,5 por ciento en relación con el año precedente y solo el 6,9 por ciento del total clasificó como de mayor peligrosidad social.

Se trata de un comportamiento diferente a los restantes países centroamericanos donde los incidentes graves estuvieron en el orden del 70 por ciento, lo cual incluye homicidios, asesinatos, feminicidios; es decir, cuestiones que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, contrastó.