Miles de españoles salieron hoy a las calles a protestar por un proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana, conocida por sus opositores como ley mordaza porque consideran limita su derecho a la expresión.

Las movilizaciones fueron convocadas en Madrid, Barcelona, Fuerteventura, Vitoria, Aranda del Duero, Ciudad Real, Burgos, Santander, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza y La Coruña, entre otras.

Alba Villanueva, de la plataforma No somos delito, que agrupa a unas 80 organizaciones, dijo a Prensa Latina que las demostraciones pretenden demostrar el rechazo de más del 80 por ciento de la población a la ley que reprimirá derechos como el de reunión.

La legislación, precisó Villanueva durante la manifestación madrileña en la Plaza de la Ã"pera, tiene el propósito de reprimir la libertad de expresión con multas exorbitantes de hasta 600 mil euros.

El gobierno dice, agregó, que hace la reforma legal para adaptarse a un nuevo contexto y utiliza como pretexto episodios violentos registrados en algunas manifestaciones, aunque solo se produjeron en el 0,8 por ciento de ellas.

En relación con la detención reciente de miembros de un grupo que el gobierno califica de anarquistas terroristas acusados, de colocar artefactos explosivos, la activista opinó que es un modus operandi previo a grandes movilizaciones.

Con ello, precisó, buscan generar miedo y criminalizar las protestas y en relación con los detenidos consideró que el calificativo de anarquistas terroristas es dado por las autoridades, pero todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Es una forma de crear miedo y ejercer presión mediática para criminalizar manifestaciones como las de hoy que buscan la retirada de la ley aprobada recientemente en el Congreso de Diputados.

La calle es nuestra, Dictadura descarada, ÂíLibertad de expresión!, La voz del pueblo no es ilegal, ÂíNo te calles!, Partido peligroso, en alusión al gobernante Partido Popular (PP) fueron algunos de los reclamos escritos en pancartas.

Un manifiesto leído al término de la concentración, afirma que el PP se quedó sólo en defensa de la llamada ley moraza frente a movimientos sociales, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, partidos políticos y criterios del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y relatores de libertad de expresión de la ONU.

Apunta que la legislación estipula multas de 30 mil a 600 mil euros en caso de reuniones o manifestaciones no comunicadas, de 600 a 300 mil euros por difundir imágenes de la actuación policial y de 600 a 30 mil euros por desobediencia pacífica.

La plataforma denuncia que la nueva ley permitirá las expulsiones en caliente de inmigrantes en la frontera, en violación de la Constitución, el derecho de la Unión Europea y obligaciones internacionales como el asilo y la prohibición de expulsiones colectivas.