Costa Rica: 36 allanamientos por anomalías en vía fronteriza con Nicaragua

Unos 200 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y unos 40 fiscales desplegaron la operación, que incluye a empresas, viviendas y terrenos de compañías ubicadas en seis de las siete provincias de Costa Rica.

El fiscal general Jorge Chavarría informó que se buscan indicios sobre presuntos pagos de dádivas en el proyecto, para determinar responsables -empresarios y funcionarios públicos-, de los delitos enriquecimiento ilícito y peculado.

"Tratamos de determinar si las empresas que se beneficiaron de contratos que van desde los 24 millones de colones (48.000 dólares) y 2.005 millones colones (unos 4 millones de dólares)" incurrieron en esos delitos, precisó Chavarría en rueda de prensa.

El operativo fue desplegado tras denuncias sobre irregularidades administrativas y de impacto ambiental que causó la carretera de 160 km -paralela al río San Juan de Nicaragua-, cuya construcción comenzó en 2010 en medio de un conflicto limítrofe en el que Costa Rica pretende apoderarse de parte del territorio nicaragüense.

Las autoridades buscaron documentos y computadoras con indicios de las anomalías, y hasta maderas de bosques que habrían sido sacadas ilegalmente durante las obras.

Según informes de la estatal Universidad de Costa Rica y del Ministerio del Ambiente, el proyecto se ejecutó sin estudio de impacto ambiental, afectando bosques, pastizales y quebradas; además de que la vía carece de puentes y drenajes adecuados, y tiene rellenos de material que podrían colapsar en época lluviosa.

El gobierno costarricense, que ordenó la construcción con un decreto de emergencia que le permitió obviar requisitos como el estudio ambiental, afirma que se "sobredimensionaron" las denuncias del daño ecológico y negó que se haya afectado al río, como sostiene Nicaragua.

La presidenta Laura Chinchilla destituyó a su ministro de Transportes hace un mes y a dos subalternos debido a las denuncias de dádivas de empresas privadas que construyeron la vía para evitar ser fiscalizadas.

La obra, en la que Costa Rica invirtió 40 millones de dólares, ha sido motivo de un nueva tensión bilateral.

Managua elevó un reclamo formal por el caso de la carretera ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debido a la fuerte contaminación de los recursos naturales en la zona del Río San Juan de Nicaragua.