Cataluña vota hoy en una consulta independentista configurada como expresión política y desafío al gobierno español, más que el plebiscito originalmente pensado con todos los atributos de un procedimiento jurídico.

La férrea oposición del gobierno central provocó que el referendo convocado por el parlamento regional y la consulta posterior organizada por el gobierno catalán fueran suspendidos por el Tribunal Constitucional, que rechazó también varios recursos presentados.

El resultado es lo que las autoridades llaman un proceso participativo, llevado a cabo por voluntarios, con menos mesas que en una elección habitual, sin censo y sin organismo electoral, que convirtió la jornada del domingo básicamente en un símbolo.

Los tropiezos puestos a la Generalitat (sistema de autogobierno catalán) provocaron discrepancias en las fuerzas nacionalistas, algunas de las cuales pidieron la declaración unilateral de independencia, si bien al final todos aceptaron el sucedáneo con mayor o menor entusiasmo.

Pero si la oposición del gobierno encabezado por Mariano Rajoy diluyó el carácter legal de la consulta, difícilmente hizo mella en el sentimiento nacionalista de esa región del norte de España y el futuro dirá si lo que logró fue exaltar más los ánimos secesionistas.

Con calles y casas engalanadas con banderas independentistas de una estrella solitaria, un amplio sector de la población desoyó amenazas y decidió contestar la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y, en caso afirmativo, ¿Quiere que sea Estado independiente?.

A las urnas decidieron acudir quienes respaldan la separación de España, pero también sectores que aunque se oponen, defienden el derecho a decidir y expresar su opinión de los catalanes, como cualquier pueblo del mundo.

El gobierno español se niega con el argumento que se trata de temas de soberanía y territorialidad que corresponde decidir a todos los españoles y no a una parte, posición mantenida de forma inflexible en todo el proceso de debate sobre la votación.

El presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, -a quien varios sectores critican la ausencia de propuestas para negociar- descalificó de plano el proceso: "ni es referéndum, ni es consulta, ni es nada que se le parezca", afirmó.

Pero, pese a las descalificaciones y obstáculos jurídicos, un amplio sector catalán decidió expresar su opinión en un acto tal vez simbólico pero que marcará un hito en el largo y complejo proceso de la relación de Cataluña con España.