La imputación hoy por delitos fiscales de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, dio por terminado un escabroso proceso investigativo de tres años e inició una nueva etapa que pone a prueba la justicia española.

La duquesa de Palma es co-dueña, junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, de la empresa Aizoon, que según las investigaciones funcionaba como una tapadera para lavar el dinero obtenido irregularmente de fuentes públicas.

Urdangarin y su socio Diego Torres, a través de su instituto Noos, supuestamente sin ánimo de lucro, estructuraron un mecanismo que incluía tráfico de influencia para obtener recursos de gobiernos locales y regionales de forma irregular.

La red utilizaba empresas como Aizoon para legalizar esos capitales y parte de ese dinero fue utilizado por la infanta Cristina en gastos personales, aunque en las declaraciones aseguró desconocer el origen fraudulento del dinero.

La Audiencia de Palma de Mallorca decidió retirar la imputación de blanqueo contra la duquesa, pero mantuvo otras dos referidas a su cooperación en delitos contra la Hacienda Pública cometidos por Urdangarin en 2007 y 2008.

Los jueces consideraron innegable e inobjetable que las esposas de Urdangarin y Torres, copartícipes de las empresas ficticias, contribuyeron con su participación en sociedades simuladas a defraudar al fisco.

Ambas, según el dictamen, se beneficiaron del procedimiento irregular ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedó en su cuenta sino fue gastado por los socios.

Ahora el juez instructor del caso, José Castro, antes de decidir la apertura de juicio oral, da 10 días para presentar las acusaciones a la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado o el sindicato Manos Limpias que han participado en el proceso.

Como todo indica que ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la infanta, lo más probable es que solo lo haga Manos Limpias y ello abre un período de incertidumbre ante la perspectiva manejada por la defensa de aplicar la llamada doctrina Botín.

Esta figura se basa en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que consideró que no se puede llevar a juicio un delito fiscal solo a instancias de la acusación popular, como es en este caso la de Manos Limpias.

En total unas 20 personas aparecen vinculadas a la trama encabezada por Urdangarin, quien fue imputado de 25 delitos contra Hacienda, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

El caso se incluye en una larga relación de hechos de corrupción que afectan a miembros de la monarquía, como en este caso, y figuras políticas, la mayoría de ellas del gobernante Partido Popular (PP), una organización política con su popularidad en picada.

Para muchos analistas, el llamado caso Noos fue uno de los elementos que llevó a la abdicación del rey Juan Carlos, el mismo salpicado de actuaciones irregulares que dañaron la credibilidad en la Corona española.

El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario Gaspar Llamazares estimó que la confirmación de la imputación de la infanta por delitos fiscales se realizó pese a quienes desde el Estado, la Casa Real, la Fiscalía y Hacienda obstruyeron la instrucción del juez Castro.

Según su criterio el fallo de hoy tuvo un matiz salomónico, al descartar la imputación por blanqueo, pero al menos reconoce la corresponsabilidad en el fraude fiscal de la infanta, si bien queda por definir si se sentará en el banquillo de los acusados.