El conflicto de Cataluña registra hoy una creciente polarización luego que el gobierno español decidió impugnar una consulta independentista convocada para el 9 de noviembre, que las autoridades regionales insisten en realizar.

El Consejo de Ministros aprobó ayer llevar al Tribunal Constitucional la iniciativa catalana por considerar que contiene iguales elementos que un referendo, convocado para el mismo día, suspendido luego por ese órgano de justicia.

Al dar a conocer la decisión, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría, precisó que, como dictaminó el Consejo de Estado, la consulta mantiene las mismas preguntas del referendo, pero se realizaría con menos garantías democráticas.

El presidente catalán, Artur Mas, respondió de inmediato que el proceso es imparable y amenazó con llevar al gobierno español la próxima semana a los tribunales por abuso de poder y de derecho.

En rueda de prensa, Más aseguró que el proceso operativo para garantizar la votación está prácticamente concluido y estará plenamente preparado para el 9 de noviembre.

Asimismo acusó a las autoridades centrales de utilizar el Tribunal Constitucional de forma impropia en un tema que debe solucionarse políticamente.

La posición de Mas recibió respaldo de los partidos independentistas, entre ellos Esquerra Republica de Cataluña (ERC), que encabeza las encuestas en esa región del norte de España.

Aunque el Partido Socialista Obrero Español consideró razonable la imputación, su referente catalán, el Partido Socialista de Cataluña, calificó de error bloquear un proceso sin efectos jurídicos, que permitiría expresar su opinión a quien quiera hacerlo.

Las numerosas expresiones sobre el conflicto indican que el próximo 9 de noviembre será un día complicado en la región, pues aún en caso de no realizarse la consulta es muy probable se registren movilizaciones públicas del sector independentista.

La deriva de la situación, en opinión de muchos, parece llevar al incremento de la conflictividad, sin excluir el incremento del fragmento partidario de una declaración unilateral de independencia, como alertó el exministro socialista Joaquín Almunia.

Ante ello la secretaria general del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió que la segunda impugnación es un aviso definitivo a Mas de que no puede traspasar la legalidad.

Ante el anuncio de la presentación de recursos jurídicos contra el gobierno, el ministro de Justicia Rafael Catalá contestó que la consulta del 9 de noviembre es anticonstitucional, antidemocrática y sobrepasa las competencias del gobierno de Mas.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, dijo Catalá en un comunicado, autoriza la realización de encuestas, foros de participación y audiencias públicas, pero no un referendo como se pretende realizar.

En un contexto de creciente polarización, el líder de ERC, Oriol Junqueras, abogó como alternativa por convocar elecciones constituyentes en Cataluña, en las cuales, considera, la mayoría abogará por ejercer la independencia tan pronto como sea posible.