El Diario Extra de Costa Rica consultó al especialista en derecho público, Gerardo Vargas, quien explicó que basados en el principio de legalidad, que es el que rige la administración pública y que determina que esta solo puede hacer aquello que se le está permitido; no se encuentra en la normativa que se pueda eximir este requisito, a la hora de realizar cualquier obra constructiva mediante una declaratoria de emergencia.

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, le da la potestad al Poder Ejecutivo, en el artículo 29, de declarar mediante un decreto de estado de emergencia en cualquier parte del país. No obstante en este mismo artículo se indica que el mismo deberá estar sujeto al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico.

Más adelante, esta misma ley indica que “la declaratoria de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otra orden...”. También le faculta a realizar nombramientos de emergencias sin trámite de concursos.

“Queda claro que en ninguna parte de esta normativa se le exime al Gobierno de su responsabilidad de realizar estudios de impacto ambiental, pese a que estos hubieran atrasado el inicio de las obras”, explicó el jurista.

Incluso, el decreto de emergencia firmado por la Presidencia tampoco menciona esta excepción.

OBRAS COMENZARON ANTES DE DECLARATORIA

Según consta en el Consejo Nacional de Vialidad, los trabajos en la zona fronteriza comenzaron previos a la declaratoria de emergencia, ya que esta se da en marzo del 2011 y las obras comienzan a desarrollarse desde octubre del año anterior, cuando se dan las primeras incursiones de los nicaragüenses en la zona de Calero.

José Manuel Sáenz, socio de la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A., empresa que estuvo auditando los trabajos en la ruta 1856, explicó que a criterio personal, no se justifica que no existiera una planificación en la construcción de la carretera, ya que esta se comenzó a construir como una segunda etapa del proyecto.

“Era necesario actuar muy pronto para una protección del territorio nacional y eso marca una primera etapa. Incluso se comienza a trabajar antes de tener la declaratoria de emergencia en vigor, que era darle acceso hasta el Delta Costa Rica por vía terrestre”, afirmó el ingeniero. A su criterio, ese caso ameritaba movilizar los recursos del Conavi y alquilar más maquinaria.

No obstante, es en una segunda etapa cuando se toma la decisión de hacer un camino fronterizo hasta Los Chiles, que es lo que se conoce como la ruta 1856.

“En esa etapa hay un sentido de premura, de actuar rápido, pero eso no quiere decir que por tratarse de una obra de ingeniería se actúe sin presencia de planos o de planificación.

El especialista, fue enfático al asegurar que no es cierto que no hubiera tiempo de planificar, ya que desde que comenzó el lastreado en la primera etapa se pudo haber comenzado el proceso.

En este momento el Gobierno trabaja en la zona, reparando las áreas que por la falta de estos estudios están comenzando a colapsar, en lo que termina de realizar planos y análisis topográficos que hacen falta.