Los operadores de justicia han coincidido en la necesidad de que se realice una reforma al Reglamento de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, por presentar éste algunas inconsistencias de forma en búsqueda de que el mismo permita hacer una buena interpretación y aplicar la justicia y castigar a los victimarios de este delito.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos Vanegas afirmó que el Poder Judicial ha sostenido encuentros con los operadores de justicia con el fin de analizar cómo acoplar la Ley al Reglamento, confirmar si existen algunas inconsistencias y en ese sentido presentar algunas propuestas para superarlas.

“Son ajustes que hay que hacer de interpretación, palabras nada más que en su momento se van a dar a conocer. Es una propuesta que hay de algunos fiscales y jueces que se reunieron con magistrados y con la Fiscal General, donde proponían hacer algunos ajustes en la parte que tiene que ver con la aplicación de la Ley”, manifestó Ramos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez, y Familia, la diputada Martha Marina González Dávila, afirmó que dicha reforma respondería necesariamente a realizar algunos ajustes en el mismo, no significa que existan contradicciones y que por el contrario contribuiría a mejorar la aplicación de la ley asegurando que no queden libres los abusadores y agresores, cuyos representantes se apegan a esos aspectos jurídicos un poco confusos para conseguir la liberación de sus imputados.

“Entonces creo que el reglamento lo que hace es venir también a llenar el vacío que tiene la ley, que te lo deja más claro, es para que te aclare y no para que venga a crear confusiones. Pero en lo general el reglamento a mi juicio lo que busca es la protección, la prevención de la violencia ante las mujeres y es la promoción de todos esos valores en la familia para que la violencia disminuya”, explicó González.

El vicepresidente de la Comisión, el diputado Carlos Emilio López reiteró que el Estado de Nicaragua tiene como política pública la intolerancia de todas las formas de violencia contra la mujer, atender cuando ocurran los casos y sancionar a todos los agresores independientemente de las características de estos y es por ello que trabaja en la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones con el involucramiento de instituciones del Gobierno con la participación de las Consejerías Escolares, Gabinetes de la Familia, redes sociales y comunitaria en un esfuerzo común y alianza nacional Estado-Sociedad para el respeto de la vida, la dignidad, la libertad, la integridad de las mujeres de todas las edades y clases sociales.

López señaló que el reglamento es un marco normativo instrumental que facilita una aplicación efectiva, ágil y eficiente de una Ley y que el mismo es facultad del Presidente de la República aprobarlo, y que en ese sentido el actual reglamento fue aprobado dando salida a las tres dimensiones que tiene la ley; prevención de todas las formas de violencia, la atención a las víctimas de estos delitos y la sanción a los agresores.

Y aunque todavía no se ha presentado ningún tipo de documento que indique la necesidad o solicitud de una reforma, de presentarse se haría de forma consensuada entre todas las instituciones públicas con la participación de las familias, de la comunidad de la misma manera que se han venido aprobando documentos jurídicos y políticos que atañen a la población, con el propósito de colocar a las familias como el elemento primordial, como el fin último para la administración pública tal y como rezan las últimas reformas constitucionales que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional.

“Todos los documentos jurídicos y políticos son mejorables, son adecuables, ajustables de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los fenómenos sociales y buscando siempre como proteger los bienes jurídicos más importantes que son la vida, la salud, la integridad, la libertad de las familias, las personas, las mujeres y la niñez”, añadió.