En declaraciones que publica este jueves el Diario la Nación de Costa Rica, el diplomático sostuvo que "Organizaciones no gubernamentales, pro conservación del medio ambiente, interpusieron una denuncia ante La Corte Internacional de Justicia (CIJ), porque ellos consideraron que no había planificación en la carretera y ahora vemos que está saliendo a la luz", comentó el embajador.

Para el embajador Harold Rivas, el hecho de que Costa Rica admitiera ese daño puede agilizar la denuncia. "El representante nuestro en la CIJ, Carlos Arguello, está hablando de la urgencia de una medida cautelar para evitar que se siga dañando la zona", dijo Rivas.

Rivas destacó resaltó la importancia de que Costa Rica tome las medidas necesarias para mitigar el daño y evitar que este continúe.

Las declaraciones de Rivas surgen a raíz de la publicación de hoy de La Nación, en la que se informa que el gobierno costarricense no ejerció controles ambientales en la construcción de la trocha fronteriza.

Ticos eludieron control ambiental por un año

Durante un año el Gobierno de Costa Rica eludió establecer controles ambientales y no tuvo ningún plan para mitigar el daño que provocaba sobre la naturaleza la construcción de la trocha Juan Mora Porras, en la frontera con Nicaragua.

La construcción de la ruta 1856, paralela a la frontera con Nicaragua, se realizó obviando los trámites de impacto ambiental requerido para construcciones de este tipo.

Entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, la maquinaria avanzó a lo largo de 160 kilómetros de bosques, pastizales, ríos y humedales sin valorar el impacto sobre el entorno, ni realizar un inventario forestal, ni designar un equipo que ejerciera la regencia ambiental del proyecto.

En noviembre del año pasado existió una iniciativa en la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para contratar un equipo de consultores y evaluar los daños producidos por la obra y proponer medidas de mitigación durante la construcción.

Sin embargo, la viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara, decidió no efectuar esos contratos por razones económicas y realizar las evaluaciones y recomendaciones con profesionales de planta de su mismo ministerio.

Al amparo del decreto ejecutivo 36.440, promulgado el 7 de marzo del 2011 por la presidenta Laura Chinchilla, la construcción se vio relevada de contar con la aprobación previa de un estudio de impacto ambiental.

Un año y medio después de iniciados los trabajos, un estudio del Ministerio de Ambiente revela que durante los trabajos se alteraron humedales y talaron bosques primarios en la zona comprendida entre el río Medio Queso y la Boca de San Carlos. También, se acumularon sedimentos en un humedal entre la desembocadura del río Sarapiquí y el caño La Tigra.

La viceministra Guevara alegó que comenzaron a pensar en evaluar los daños ambientales en octubre del año pasado, cuando se difundieron desde Nicaragua cuestionamientos acerca de los efectos que la construcción de la trocha fronteriza estaba generando sobre el entorno.

"En noviembre del 2011 el camino ya estaba en su fase de ejecución, ahí no había posibilidad de prevención, lo que se podía hacer era tomar medidas de mitigación y compensación porque ya el daño estaba hecho", admitió Guevara.

Razones económicas. En noviembre del año pasado el Ministerio de Ambiente alegó razones económicas para no contratar un equipo de biólogos, ingenieros forestales, geógrafos, sociólogos y abogados que iban a evaluar el impacto de la obra y a proponer medidas para mitigar el daño ecológico.

El entonces viceministro de Ambiente, Andrei Bourrouet, fue encargado de elaborar los términos de referencia para ese contrato. "Me solicitaron elaborar los términos de referencia para un equipo interdisciplinario que evaluara el daño ambiental, yo lo hice pero la responsabilidad de concretar esa iniciativa era de otra persona", señaló Bourrouet.

La viceministra Ana Lorena Guevara, quien sucedió a Bourrouet en el cargo, alegó que consultó el tema en la comisión de alto nivel, integrada por los viceministros de la Presidencia, Mauricio Boraschi, de Relaciones Exteriores, Carlos Roverssi, así como el de Seguridad, Wálter Navarro, y que la decisión de no contratar a los consultores se tomó de manera colegiada.

El viceministro Boraschi señaló que cada institución tenía responsabilidad sobre su área específica. "La viceministra Guevara nos dijo que el Minaet tenía la capacidad técnica de hacer el trabajo y nosotros lo aceptamos".

Una versión similar ofreció el viceministro Carlos Roverssi. "El Minaet nos dijo que ellos podían evaluar el impacto ambiental y también elaborar un plan de mitigación. Cada institución es responsable por su área y los demás aceptamos lo que nos propuso la viceministra Guevara".