Para la doctora Ada Venicia Vanegas, Presidenta de la Sala Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, el reglamento de la Ley 779 o Ley Integral de Violencia hacia la Mujer, fortalece todas y cada una de las políticas públicas que vienen a dar protagonismo a las familias, partiendo de nuevas formas de convivencia entre todos sus miembros.

“Lo que hace el reglamento es venir a fortalecer, a desarrollar como lo debe hacer un reglamento emitido por el Ejecutivo, desarrollar la ley y sobre todo desarrollarla desde la política pública de cara a fortalecer a la familia, a la comunidad, de cara a prevenir la violencia o los actos de violencia que se susciten en la familia, en la comunidad o en los diferentes ámbitos en que se desenvuelva la mujer”, dijo Vanegas, resaltando que dentro de la Comisión Interinstitucional de lucha contra la violencia se contaba con una plan estratégico para la aplicación de la ley 779, sin embargo el reglamento viene a fortalecer toda esta estrategia.

Las reflexiones de esta compañera especialista, se fundamentan en un trabajo arduo que vienen realizando los diferentes juzgados especializados en violencia, a fin que las mujeres se empoderen de sus derechos.

El éxito de las políticas de prevención de la violencia y del reglamento, tendrán su fundamento en la coordinación interinstitucional “para luchar contra el flagelo de la violencia no es una lucha únicamente de la policía, no es una lucha de solamente del Poder Judicial”, sino de todos los actores.

“Yo creo que el principal éxito es el fortalecimiento de las coordinaciones institucionales y la participación de la comunidad. Este reglamento viene a demostrar, a destacar que Nicaragua en el tema de seguridad ciudadana se basa en un modelo proactivo, comunitario, participativo donde tienen cabida e intervención todas las instancias de la vida social”, mencionó Vanegas.

Lamentó que pequeños grupos de feministas estén desvirtuando los alcances del reglamento de la ley 779 y subrayó que los principios de estos preceptos se fundamentan en la Constitución de la República, en cuyas reformas se reafirma que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, algo que también ratifica el Código de la Familia recientemente aprobado en la Asamblea Nacional.

Destaca reflexiones de compañera Rosario Murillo

Vanegas aplaudió que el reglamento privilegia la parte preventiva y da un rol preponderante a la comunidad, a los grupos religiosos, a los sacerdotes y grupos organizados a efecto que puedan participar en este modelo de formación en valores.
En sus palabras destacó un documento escrito por la compañera Rosario Murillo en el 2010, en la se habla del tema de género.

“Ella en esta cartilla, uno de los aspectos fundamentales señala que las mujeres al igual que los hombres tienen derecho a la vida, a tener protección en la casa, en la familia, el barrio y el trabajo”.

Los primeros elementos que abarca el reglamento tienen que ver con la casa, con la familia, el barrio y el trabajo.
Rechazó que el reglamento acabó con todo el ámbito público en todos los tipos penales de la ley “eso no es cierto, los otros tipos penales a excepción del homicidio siguen, puedan seguir cometiéndose y pueden seguir siendo tipificados tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”.

Mediación es voluntaria

Hizo ver que si bien el reglamento y la ley 779 propicia el dialogo o mediación en casos de de delitos menos graves, esta es voluntaria y “nunca se obliga a las partes” a salvar una relación.

“Esto no significa que el hecho de la existencia de las consejerías familiares sea un obstáculo para que la victima mujer, víctima de violencia pueda acudir a las autoridades, pueda acudir a las instancias donde va a obtener resarcimiento y donde se le va a garantizar el acceso a la justicia”, aclaró Vanegas.

Si bien la Consejería Familiar en las comunidades son de primera instancia, pero no es cierto que de manera obligatoria la mujer tiene que mediar con su agresor “puede llegarse a una mediación, pero puede no llegar a ninguna”.

Indicó que los miembros de las Consejerías Familiares tienen que ser capacitados y “estoy segura que todas las instituciones estamos prestos a capacitar en el momento que se nos llame para contribuir”.