La magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz Ramos, indicó que la prevención de la violencia es la mejor apuesta que puede hacer un Estado, pues hacerlo repercutirá en menor daño a las personas y en el mejoramiento de la economía de una nación.

“La prevención es la mejor apuesta que uno puede hacer en términos generales en una política criminal, lo digo en términos generales porque no solamente es en estos casos, en todo tipo de delito la mejor apuesta es la prevención, es lo que tiene menos costos a nivel humano y a nivel económico”, dijo Ramos.

Indicó que en la política de fortalecimiento de la familia y prevención de la violencia, tiene tres ejes: la prevención, la sanción y el tratamiento, “y de todos ellos la prevención es lo fundamental, porque la prevención evita el daño, evita que cometas el delito y evita que haya personas que sufran y evita que vayan personas a la cárcel, todo esto tiene un costo emocional para las personas y tiene un costo para el estado”.

“La reglamentación fundamentalmente para mí, lo más importante que contiene es la política de estado de prevención de la violencia, porque la ley es integral, es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y eso es lo que hace esta ley”, destacó Ramos, al hablar del reglamento de la ley 779 o ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.

Indicó que Nicaragua por primera vez en su historia tiene una política de prevención de la violencia, pues hasta el momento solamente se aplicaba la parte punitiva y ahora se promueve todo un sistema que permitirá crear y enseñar un nuevo modelo de relaciones, a fin que las actuales y nuevas generaciones puedan tratarse con mayor respeto.

“Hasta el momento estábamos aplicando la parte de la sanción, la parte punitiva, pero (ahora) también está previsto en el reglamento y en la política, el tratamiento a los varones que maltratan a una mujer, que causan daño psicológico, físico, patrimonial o de cualquier índole y está la política de resarcimiento”.

Indicó que la política y el reglamento forman un binomio integral en el tema de la violencia, ya que ven la parte de la prevención desde los consejos de la familia en los barrios, desde los colegios y las instituciones, a fin de enseñar a niños y niñas desde muy temprana edad a prevenir todo acto de violencia.

“Otro aspecto importante es que el reglamento viene a explicar algunos conceptos que la ley ha anunciado, como por ejemplo qué cosa es relaciones desiguales de poder, definir los tipos delictivos en el contexto de relaciones desiguales de poder, el reglamento viene a explicar ese concepto y otros conceptos, como que cosa son las consejerías familiares, que significa prevención de la violencia”.

Dentro de la política de prevención está bien señalado el rol de cada una de las instituciones, el Ministerio de Educación tiene que incluir en su currículo académico el tema de formación en valores, de cómo prevenir y evitar la violencia.

Mediación es voluntaria

En este trabajo indicó que los Consejos de las Familias juegan un rol fundamental, pues si bien la Policía Nacional, los jueces y el Ministerio de la Familia tienen responsabilidad de promover las políticas de prevención, estas instancias tienen que involucrarse para crear esas nuevas maneras de convivencia.

“Los trabajadores sociales de los juzgados no tienen capacidad para darle seguimiento a todas las medidas cautelares que los jueces o juezas puedan imponer, entonces ahí va a jugar la comunidad un papel muy importante y si también las partes quieren hacer una mediación en ese nivel, también la pueden hacer, pero no es obligatorio, también la pueden hacer en la fiscalía y en otro momento del proceso, en los delitos en que es permitido la mediación y lo importante en todo estos temas es que es voluntario”, señaló Ramos.

Las críticas son de orden político

Ramos se refirió a algunas organizaciones feministas que critican el reglamento, diciendo que estas personas en la mayoría de ocasiones utilizan a la mujer y se mueven más por intereses políticos, que por la situación que enfrenta el sector femenino del país.

“Ellas siempre han vivido criticando. Yo lo que digo que la finalidad de ellas, más que de defensa de las mujeres, es político, o sea utilizan a las mujeres como pretexto; no todas las organizaciones, como por ejemplo la María Elena Cuadra (ONG) sí ha estado trabajando a favor de las mujeres, recordemos que la ley que presentaron y la ley que nosotros presentamos, más o menos las conjugamos, ellas han asistido a capacitaciones que nosotros les hemos invitado. Pero hay otro grupo de mujeres que claramente tienen una opción política, incluso tienen una formación política, tienen una estructura política”.

Subrayó que estos organismos han venido alterando las cifras de mujeres fallecidas y sobre todo de aquellas muertes tipificadas como femicidios, incluyendo entre los datos, los muertes maternas, las que fallecían en accidentes de tránsito, las suicidios de mujeres, algo que consideran que es responsabilidad del Estado.

“A mí parece una interpretación extrema. ¿Cómo va a ser responsable el Estado que una mujer se suicide? Incluyen dentro del femicidio los accidentes, incluyen a las mujeres muertas fuera del país y es un concepto que le quiere atribuir al estado responsabilidades por la muerte de todas las mujeres, por cualquier tipo de muerte. Eso ha sido una discusión superada y posteriormente ya se incorporó el elemento punitivo y ya dio lugar a un tipo delictivo que se llama femicidio”.