Nicaragua fue sede de la conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, que versa sobre los desafíos a los que se enfrentan los países de Mesoamérica en materia de protección y soluciones para las personas refugiadas y desplazadas por distintos problemas sociales, políticos y económicos.

En el foro se reunieron representantes del Ministerio de Gobernación de Nicaragua (MIGOB), El Sistema de la Integración Mesoamericana (SICA), El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y personas distinguidas competentes en el tema.

La consulta abordó los principales avances referentes a la protección en Mesoamérica, las nuevas tendencias y Mesoamérica como espacio de protección regional.

“Nicaragua es uno de los países pioneros en este proceso, ha participado desde los ochenta cuando teníamos problemas civiles en el norte del país, protegiendo a todos aquellos que estaban necesitados de resguardo”.

“En 1984 confirmamos en la convención nuestra continuidad, nuestra constitución, nuestras leyes están ajustadas a todos estos instrumentos internacionales de protección”, explicó Pamela Aguilar, directora de Migración y Extranjería.

A partir del 2007 se ha hecho realidad una ley que da refugio, que da continuidad a los compromisos que Nicaragua fue adquiriendo a lo largo de los años, brindando beneficios a todas esas personas que necesitan refugio por distintas circunstancias, además, se ha visto un incremento en los flujos, siendo los atendidos con mayor prioridad los referidos a la inseguridad a la que están expuestos individuos y familias, la discriminación, las situaciones económicas y persecuciones.

“Muchos son refugiados por diferentes causas, no solo por problemas políticos o sociales. En el 2011 se realizaron 96 peticiones que fueron concedidas en el 2012 y en el 2013 tenemos 201 peticiones de refugio y en este periodo del 2014 ya llevamos 58 aproximadamente”, indicó Aguilar.

Agregó que “Reiteramos nuestra posición como gobierno de seguir brindando protección a todos aquellos que la necesiten por las diferentes circunstancias que están contempladas en los diferentes instrumentos públicos y que nuestro país ha ratificado y llevado a la práctica”.

Wenner Vargas, director ejecutivo del SICA, aseguró que “Los estados están desarrollando acciones para que se respeten los derechos humanos de los menores, los niños no pueden ser repatriados cuando está en peligro por el tema de la unidad familiar, cuando se pone en riesgo la integridad física y la vida de los menores”.

Durante el encuentro se habló sobre la violencia que tiene también su génesis en la pobreza, en los niveles de educación, de crecimiento económico y esto es lo que se está abordando en el marco del sistema de integración.

“Se han desarrollado políticas aprobadas por los presidentes centroamericanos como la política regional para la igualdad y equidad de género, ante las causas de desplazamiento de personas que son víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar; la política educativa centroamericana, aprobada recientemente que tiende a garantizar el acceso educativo a todos los niños de primero a noveno grado, visión de género, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz en los procesos educativos”, finalizó Vargas.