Una policía al servicio de la familia, de la comunidad y sobre todo dirigida a que Nicaragua siga siendo una nación segura, son parte de los objetivos de la nueva ley de Organización, Funciones y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que fue aprobada en lo general por la Asamblea Nacional, lo que brinda un nuevo marco legal a las funciones de la fuerza pública.

Aún falta la aprobación en lo particular, sin embargo el espíritu de la legislación, es dar coherencia al actuar policial con los Nuevos Tiempos y con las nuevas realidades.

La Policía está supeditada al ejecutivo, siendo el Presidente de la República su jefe supremo y reafirma que es un cuerpo de naturaleza civil para promover y proteger la vida y la integridad de las personas.

“La ley manda a ejecutar un modelo proactivo y comunitario para gozar de niveles de delincuencia bajos”, destacó el coordinador de la Bancada del FSLN, compañero Edwin Castro, quien defendió los orígenes revolucionarios del cuerpo policial, sin embargo dejó claro que la institución es apartidaria, no deliberante y al servicio de la comunidad y la familia.

Con Gobierno Sandinista se ha reducido criminalidad

La nueva ley policial prohíbe la investigación que vulnere los derechos constitucionales de las familias y de las personas individuales.

“Esta es una policía de grandes éxitos, innegables en los reconocimientos actuales, innegables en estos siete años de gobierno han venido disminuyendo la criminalidad y ha venido consolidándose un modelo de policía preventiva, proactiva y comunitaria. Es comunitaria para ser proactiva y preventiva”, agregó Castro.

Añadió que a pesar de ser la policía con menor número de efectivo, es la más eficiente, gracias a la participación activa de la comunidad que se preocupa de su propia seguridad ciudadana.

“Estamos en un estado en que cada día se consolida más la democracia con la participación de la gente, con el protagonismo de las y los [email protected] Es una policía de la comunidad, íntegra, define y avanza en la política de género de este gobierno”, dijo Castro.

Los 63 diputados sandinistas dieron su respaldo pleno a la ley, mientras los legisladores del PLI-MRS, 26 en total votaron en contra, siendo una docena los que intervinieron en el debate para expresar una serie de improperios, ofensas y manipulaciones contra la institución, una de las más efectivas en el combate del narcotráfico y crimen organizado, reconocimiento dado por decenas de organismos internacionales y por la población nicaragüense.

La nueva ley policial da la posibilidad de extensión del periodo de la alta oficialidad, el período del Jefe Director de la Policía y las facultades de investigación, sin interferir en las funciones periodísticas.

El diputado Walmaro Gutiérrez explicó que el artículo 2 referido a las facultades de investigación, establece que “no podrán las personas naturales o jurídicas llevar a cabo actividades de investigación privada o cualquier otro acto que vulnere los derechos constitucionales”, pues ni la misma policía en sus actos investigativos puede vulnerar estos derechos, tampoco una oficina “de detective privados” puede violentar esos derechos.

Policía se actualiza a Nuevos Tiempos

El Comisionado General, Juan Ramón Gradiz, calificó de ‘momento histórico’ que se haya aprobado una nueva ley policial, ya que la anterior estaba totalmente desfasada y no se adaptaba a las necesidades de trabajo.

“A lo largo de estos últimos 20 años, esta policía no es la misma del año 1996 que fue cuando se aprobó la ley 228, es ahora una policía que ha cambiado tanto desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista cualitativo, es decir las necesidades de trabajo, las necesidades de seguridad de los distintos sectores del país a lo largo de estos años, han determinado el ir creando nuevas áreas de trabajo para ir dando respuesta a esos problemas de seguridad de la comunidad, de las familias”, planteó Gradiz.

Dijo que en ningún momento la ley afecta derechos constitucionales, como el derecho a la población a informarse e informar. “El espíritu o el propósito es que personas particulares no puedan, al contrario, violentar los derechos constitucionales de las y los nicaragüenses”.