Sí. El gobierno del Presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la Primera Dama Rosario Murillo, están dispuestos a dialogar sobre un tratado con Colombia. Claro que sí.

Pero, primero y sobre todas las cosas, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, debe acatar la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre del 2012, que restituyó a Nicaragua más de 90 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, que Colombia se había arrogado por sí y ante sí, violando la soberanía de Nicaragua.

En una actitud que tiene sorprendidos a expertos en derecho internacional, la Corte Constitucional de Colombia determinó hace pocos días, que el fallo de la CIJ “no era aplicable” porque su Carta Magna prohíbe cambiar los límites marítimos, e increíblemente llamó a firmar un tratado con Nicaragua para solucionar el diferendo.

Debemos recordar que Colombia fue a la CIJ en La Haya, creyendo que ganaría “de calle” la demanda de Nicaragua y en repetidas ocasiones los gobernantes colombianos anunciaron con bombos y platillos que acatarían el fallo de ese alto tribunal internacional.

También debemos recordar que los fallos de la CIJ son para acatarlos como mandata la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual Colombia es miembro y se comprometió aceptarlos.

Este fallo que hizo justicia a Nicaragua es cosa juzgada, por lo tanto un tribunal interno o nacional como explicó recientemente Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional, no puede estar por encima porque, entonces, cualquier país haría lo mismo que pretende Colombia y echaría por la borda el derecho internacional.

También debemos recordar que Nicaragua no está obligada a firmar ningún tratado con Colombia, como lo dice la Corte Constitucional colombiana, pues el Derecho Internacional no reconoce esas condiciones sacadas de las mangas como expertos prestidigitadores.

Asimismo, demandar una negociación con Nicaragua para modificar la sentencia de la CIJ a través de un tratado de límites marítimos, debe ser considerado como una alucinación o desesperación de los jueces colombianos. No habrá nunca ninguna negociación, mientras el gobierno de Colombia no acepte y acate la justísima resolución emitida por la CIJ en su histórico fallo del 19 de noviembre del 2012.

“La ley es dura, pero es la ley”, expresaban los juristas durante el imperio romano, creadores, precisamente del derecho que aun hoy se estudia en las universidades.

Por lo tanto, debemos recordarle a Colombia y con insistencia, que el Derecho Internacional es muy claro y la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mandata que las sentencias de la CIJ deben ser acatadas de inmediato, pues no admiten ninguna apelación ni mucho menos reformas. Por el contrario, se deben ejecutar ipso facto.

Colombia, entonces, no puede anteponer su ley interna para evadir el fallo de la CIJ.

Con su rebeldía y cada día que pasa, Colombia podría convertirse en un estado forajido, pues a los países a los que ha recurrido en busca de apoyo, aunque de forma diplomática le han manifestado que acate el fallo de la CIJ.

Estamos claros que el Presidente Juan Manuel Santos está en un año de elecciones presidenciales y busca su reelección, por lo que apela a los patrioteros y no al patriotismo, sacando de la manga de su camisa esta resolución de los citados jueces para buscar votos de los colombianos.

Pero resulta que en Colombia también hay voces serenas y sensatas que van desde expertos en derecho internacional, profesores, maestros y hasta los habitantes de las islas San Andrés y Providencia, que han manifestado abiertamente que Colombia debe acatar inmediatamente el fallo de la CIJ.

Ya hemos observado que los isleños de San Andrés y Providencia han declarado que están dispuestos a dialogar con Nicaragua para buscar formas de que puedan faenar en aguas de Nicaragua, siempre y cuando obtengan el permiso correspondiente de las autoridades nicaragüenses.

Expuesto lo anterior, el Presidente Daniel Ortega y la Primera Dama Rosario Murillo, no tienen que dialogar sobre ningún tratado con Colombia, sin que antes el gobierno del Presidente Santos acepte y acate la justa resolución emitida por la CIJ.

Mientras tanto, el Ejército de Nicaragua continúa ejerciendo soberanía en los 90 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe recuperado, que ilegalmente ocupaba Colombia.