La recién electa Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, anunció que el juicio contra los responsables de la estafa contra la orden Santa Teresa de Jesús, se realizara el próximo 28 de abril y en este demostrarán la culpabilidad de Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga, ambos cumpliendo actualmente casa por cárcel.

“Hay un proceso investigativo abierto, nosotros tenemos hasta el momento tres personas acusadas por esa estafa, entonces parte del proceso de investigación nosotros no lo hemos concluido, hemos dicho que tenemos 18 personas que han recurrido al Ministerio Público a poner su denuncia por una estafa agravada alrededor de 6 millones de dólares”, expresó Guido al ser consultada sobre la posibilidad que otras personas sean acusadas por la entidad que ahora representa.

Durante el proceso de elección de funcionarios públicos en la Asamblea Nacional, el coordinador de la bancada del FSLN, señaló que la ciudadana Kitty Monterrey de nacionalidad norteamericana, no podía ser electa como magistrada del Consejo Supremo Electoral porque además de ser extranjera, estaba presuntamente involucrada en la estafa a las monjitas, pues ella fungió como contadora de la empresa financiera propiedad de Montealegre Rivas.

Guido señaló que solamente podía referirse sobre las personas que han sido acusadas, no así de otros ciudadanos que por el momento no hay acusaciones, pero que si pueden ser investigados en un futuro. Sobre Roberto Bendaña, otro de los involucrados en la estafa y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, Guido señaló que será enjuiciado cuando sea atrapado.

“En este caso y en todos los casos futuros y en los casos que hemos trabajado anteriormente, vamos a trabajar siempre con mucha objetividad y en este caso lo hemos hecho y como tenemos las pruebas suficientes nosotros hemos presentado esta acusación ante los juzgados correspondientes”, señaló la Fiscal General de la República.

Guido dijo que el Ministerio Público tiene muchos retos, por lo que espera en corto tiempo resolver todos los problemas que enfrentan como institución. Recordó que el año pasado tuvieron 50 mil casos y demandas, lo que hizo el trabajo arduo, obligando a ser más eficientes y más cercanos a las víctimas de los delitos.