El lunes empieza un ciclo de reuniones previas al vencimiento del ultimátum el 31 de enero dado por los constructores a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para suspender la ampliación de la vía si rechaza pagar sobrecostos.

Los aspectos fundamentales que se discutirán están relacionados con el monto que exigen la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo para resolver sus flujos de caja, que es el nudo de la crisis.

Ambas empresas, que tienen el 96 por ciento de las acciones del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) pues la belga Jan de Nul y la panameña Cusa son socios minoristas, piden mil 600 millones de dólares en costos imprevistos que no han probado fehacientemente.

El grupo ha rechazado todas las propuestas de ACP para ayudarlos a saldar el déficit porque los montos planteados por la contraparte no les satisfacen.

Han aceptado un cofinanciamiento como inicialmente ofertó la ACP, pero no por los 283 millones de dólares anunciados por el administrador Jorge Quijano, sino de más de mil millones, algo inaceptable para el Canal. Tampoco han aceptado una fórmula presentada por la afianzadora Zurich American de entregar al Grupo en préstamo el monto de las fianzas (600 millones de dólares) más los aporte de la ACP y la plata del propio GUPC, mediante la fórmula de pagos por entrega de objetos de obra.

Pero no parece que allí esté la solución pues lo que buscan Sacyr e Impregilo es obtener de manera segura una ganancia en la ejecución del proyecto que pasa por el reclamo de los mil 600 millones de dólares a la ACP, y eso les va a ser muy difícil de conquistar.